La Federación Agraria Argentina (FAA) ha impulsado históricamente un proyecto de ley para limitar la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Por eso celebró la iniciativa presentada por la Presidenta aunque no se privó de cuestionar algunas cuestiones.

Mediante un comunicado de prensa, el secretario gremial de dicha entidad, Omar Príncipe, declaró que en la norma “hay aspectos muy positivos como el hecho de que el Ejecutivo reconozca la función social de la tierra y que ésta no pueda considerarse una inversión por ser un recurso natural estratégico”.

Sin embargo, juzgó que “hay varios temas a corregir”.

En primer término, Príncipe señaló que “en lugar de hablar de 'unidad económica' (UE) -que sería lo más atinado dado la variedad de rendimiento del suelo en nuestro país- se habla de mil hectáreas como tope para la compra por parte de extranjeros”.

El secretario gremial cuestionó el hecho de que tal medida hiciera “que todas las inversiones se concentren en las regiones donde la unidad económica es menor, debido a que definitivamente no sería lo mismo adquirir el máximo permitido en la pampa húmeda que a hacerlo en las regiones áridas del noroeste”.

Y en este sentido, recordó que el proyecto de ley presentado por la FAA establece “un máximo de una 'unidad económica' por persona extranjera, en todo el territorio, sea de forma continua o discontinua”.

“Considerando que el proyecto se refiere a tierras rurales, no encontramos fundamento para la elección del Ejecutivo, ya que dependiendo de la región agro-productiva, en algunos casos la 'unidad económica' sería excedida en varias veces, mientras que en otros el límite máximo ni la alcanzaría”, argumentó.

Por otro lado, Príncipe planteó que la norma oficialista “al referirse a las personas jurídicas, hace una exhaustiva enumeración de situaciones haciendo dudosa la verificación en la práctica de alguna de ellas”.

“Se establece en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional. No aclara el proyecto, la distribución jurisdiccional de ese límite, por lo que podría configurarse una situación en la cual el 80 por ciento de una provincia quede en manos de extranjeros, lo cual no implicaría que en todo el territorio nacional, el máximo de 20 por ciento fuere alcanzado” criticó mediante el comunicado.

Finalmente, Príncipe manifestó que la FAA anhela que al debatirse la iniciativa en el Parlamento “haya la suficiente amplitud por parte de todos los sectores que permita a través del consenso mejorar la norma”.

“Lo más importante es que finalmente se haya instalado el debate”, concluyó, “aunque no podemos obviar que el oficialismo ha decidido avanzar en un año electoral, sobre un tema que ya tenía un amplio consenso en la opinión pública y también en la mayoría de los sectores políticos, un logro conseguido luego de una larga prédica que inició la FAA casi en soledad hace tiempo”.

Cabe recodar al respecto que el proyecto enviado por el Ejecutivo será tratado primeramente por la Comisión de Legislación General de la Cámara de baja. Sin embargo su presidenta, la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), no ha fijado hasta el momento una fecha para debatirlo en conjunto a las iniciativas presentadas por otros bloques, entre los que se encuentra el presentado por la Federación Agraria. En caso de que Legislación General emitiera un dictamen favorable y de que la comisión de Agricultura también lo aprobase, una norma consensuada podría llegar al recinto.