“Los legisladores debemos repudiar terminantemente la sentencia del tribunal al considerar que no se puede utilizar el mismo argumento para condenar que para beneficiar. Esta sentencia no se puede apreciar de otra manera que como un beneficio clasista, seguimos haciendo justicia sólo para los pobres. De modo que sea Ingeniero o lavacoches, si violó a sus hijos o a cualquier otro niño debe estar preso y esto es lo que manda nuestro Código Penal”, dijo la diputada de la Nación por el Movimiento Popular Neuquino luego de presentar un proyecto para que la Cámara Bbaja repudie el fallo que otorgó prisión domiciliaria a un violador.

Además firmó el proyecto de ley para modificar el régimen penitenciario federal en lo que se refiere a la reincidencia y reinserción al medio social de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, presentado por la legisladora oficialista Diana Conti.

En primer término, la legisladora dijo que su iniciativa “aspira al pronunciamiento concreto de repudio contra la sentencia dictada por los jueces Alejandro Villordo y Laura Lasaga, de la Sala III de la Cámara Penal de La Plata, por la cual otorgaron el arresto domiciliario y salidas laborales a un padre que violó a sus dos hijos de 5 y 6 años, argumentando que `el imputado goza de un buen concepto social y que se trata de una persona querida y apreciada en el ámbito social en el que se desenvuelve’”.

Comelli explicó que en la condena el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata (integrado por los jueces Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Carmen Palacios) había ordenado la inmediata detención del condenado, que había llegado excarcelado al juicio, porque dio por acreditado que entre 2005 y 2006, el acusado, de 40 años, abusó sexualmente de sus dos hijos de 5 y 6 años, mientras ambos se encontraban bajo su guarda.

En aquella oportunidad, los jueces valoraron como agravantes los reiterados abusos, el daño físico y psicológico causado a los menores de edad, su formación académica, universitaria y “su buen nivel de culturización y socialización, superior a la media de la población, que lo coloca en posición de menor vulnerabilidad y mayor compromiso frente a la motivación de la norma penal”. Sin embargo ahora la cámara indicó que “el imputado goza de un buen concepto social corroborado con la presentación de las 714 firmas efectuadas entre familiares, amigos y compañeros laborales quienes se permiten afirmar, con sorprendente impertinencia, que la denuncia que pesa sobre el procesado resulta falsa y las decisiones judiciales erróneas”.

Comelli aseguró que “desde el punto de vista del derecho, es inadmisible el beneficio de la prisión domiciliaria que es una excepción que tiene lugar por la avanzada edad de la persona o por su estado de salud. Y en este caso no cumple con ninguna de las dos condiciones. De modo que sea Ingeniero o lavacoches, si violó a sus hijos o a cualquier otro niño debe estar preso y esto es lo que manda nuestro Código Penal”. Y destacó entre sus fundamentos que “es muy importante para la reparación de los niños sometidos sexualmente que las cosas estén claras, los delincuentes deben estar en la cárcel, de lo contrario el mensaje para la víctima no es claro y esto es doblemente perjudicial cuando se trata de niños”.

En segundo término, Comelli explicó que acompañó la propuesta de Conti porque si bien existen varios proyectos para modificar la ley 24.660, “éste tiene algunos consideraciones con las que estoy completamente de acuerdo además como viene de una diputada oficialista hay mayor probabilidad de lograr el quórum para su tratamiento”. El objetivo de la propuesta de Conti “es la de reducir la probabilidad de reincidencia y lograr una adecuada inserción al medio social de las personas condenadas por delitos graves contra la integridad sexual”, dijo la diputada quien explicó que “se proponen una serie de modificaciones al régimen penitenciario, en particular, al momento de autorizar todo tipo de egresos de la institución carcelaria y la adopción de medidas de seguridad”.

La idea es implementar una serie de procedimientos que el magistrado tendrá para resolver la concesión de las salidas transitorias, la semilibertad, la libertad condicional, la detención domiciliaria y la libertad asistida, dijo la diputada. “Antes de emitir cualquier resolución, se deberá realizar un pormenorizado análisis sobre las circunstancias personales que rodean al condenado, mediante informes elaborados por un equipo interdisciplinario perteneciente al Juzgado de Ejecución Penal, los cuales tendrán un carácter complementario a aquellos realizados por los agentes del sistema penitenciario integrantes de la junta correccional”, dijo Comelli.

Además la propuesta respeta los derechos del imputado ya que otorga la facultad al condenado de poner un perito ad hoc al momento de realizarse dichos informes, como así también a ser escuchado ante el magistrado en caso de que desee realizar alguna manifestación, entre otras medidas.