“La adjudicación de los REPRO se ha hecho hasta ahora con criterios discrecionales y clientelares, beneficiando empresarios amigos en perjuicio de muchos trabajadores desprotegidos”, afirmó la titular del bloque de diputados del GEN.
Desde el 2002 funciona, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el programa de Recuperación Productiva para hacer frente al deterioro de la condición salarial a raíz de la aguda crisis económica del 2001. A través de este programa, el Estado les brinda a los trabajadores de las empresas adheridas, una suma fija mensual no remunerativa de hasta 600 pesos, por el plazo de un año, a cambio de que éstas no despidan al personal.
A comienzos de este año Margarita Stolbizer solicitó mediante el Decreto 1172 de Acceso a la Información, el listado de empresas beneficiadas con el mencionado subsidio. De allí surgieron una cantidad de datos que demuestran que no siempre los recursos del Estado muestran una aplicación correcta y, al contrario, ponen en evidencia, a los favoritos del poder y a los que se anotan en programas repartidos con criterios clientelares. “Es necesario terminar con la discrecionalidad y dotar de transparencia el manejo de los recursos del Estado. De manera especial cuando éstos están destinados a colaborar con empresas que, por distintos motivos, ponen en riesgo la fuente laboral para gran cantidad de trabajadores”, afirmó la diputada.
Esta situación se ha debido, también, a la falta de una normativa puntual que establezca criterios para la aplicación del programa, en cuanto a las exigencias que se deben imponer a las empresas, tanto en la acreditación de la verdadera situación de crisis, como en cuanto al cumplimiento del resto de las normas que protegen las condiciones del trabajo.
Stolbizer propone incorporar un artículo 110 bis en la Ley de Empleo Nº 24.013, para que la empresa que solicite incorporarse al Programa cumpla con la normativa laboral y previsional, ejerza fehacientemente en su funcionamiento la no discriminación y la libertad sindical. Así como también de continuidad laboral a la totalidad de la nómina de trabajadores con una jornada máxima de 36 horas semanales y cumpla con la legislación relacionada con el medio ambiente.
De igual modo, la modificación impulsada por la diputada del GEN, promueve que se le dé prioridad en el acceso al programa, a las empresas de capital nacional, cuyo plantel de empleados sea de hasta un número de 40 y con una facturación que no supere los diez millones de pesos anuales. Poniendo énfasis en aquellas cuya actividad se oriente a cubrir necesidades vinculadas al consumo interno y en especial de la canasta básica, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones.
“Los destinatarios del programa deben ser los trabajadores en una acción del estado destinada a proteger sus fuentes y condiciones de trabajo, y no a beneficiar o asegurar la rentabilidad de los grupos empresarios. Los criterios de adjudicación y el control de cumplimiento de una serie de requisitos, serán indicadores de transparencia que actualmente no existen”, concluyó la diputada.
