Esta semana analizarán en comisión un proyecto que busca introducir cambios referidos a la reincidencia y reinserción de aquellos individuos que cometan estos delitos.

Cuando todavía resuenan los ecos de la condena a prisión perpetua del asesino y violador de Soledad Bargna, un hombre que se encontraba en libertad condicional por otro caso de abuso sexual, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados abordará esta semana el controvertido tema de qué hacer con las personas condenadas por violación.

En efecto, este martes se discutirá en el seno de esa comisión un proyecto que introduce modificaciones sobre la reincidencia y reinserción al medio social de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, del Régimen Penitenciario Federal, Ley 24.660.

La reunión está convocada para las 15, en la Sala 4 (327) del edificio Anexo de Diputados, y el proyecto en cuestión fue elaborado por la diputada nacional kirchnerista Diana Conti.

La iniciativa busca reducir la probabilidad de reincidencia de condenados que hayan cometido delitos contra la integridad sexual. Esta propuesta busca implementar un mecanismo “procedimental” mediante herramientas que serán utilizadas para resolver la aprobación de las salidas transitorias, la semilibertad, la libertad condicional, la detención domiciliaria y la libertad asistida. Además, solicita un pedido de informe sobre la conducta del delincuente.

Asimismo, la propuesta señala que “el reo tendrá la facultad de proponer un perito ad hoc al momento de realizarse dichos informes, como así también de ser escuchado ante el magistrado en caso de que desee realizar alguna manifestación”.

La propuesta de Conti también indica que “cualquier juez que intervenga en una causa por delito contra la integridad sexual, no puede autorizar ninguna de las formas de salidas anticipadas del establecimiento penitenciario, sin que se cumplan y analicen las averiguaciones del comportamiento del presidiario”.

El proyecto que se debatirá en el seno de la comisión que preside Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) señala que aquellos beneficiarios de las salidas transitorias o de la incorporación al régimen de la semilibertad deben cumplir con las siguientes obligaciones: no tener otra causa abierta; contar con un equipo especializado que evalué su conducta; haber recibido una condena mínima; y un informe de un equipo especializado. Luego de que el imputado sea liberado, se tendrá que notificar a la parte querellante de su salida.

Asimismo, aquellos flamantes condenados, se les otorgará una custodia de dos hombres; un organismo técnico-criminológico del que forme parte un equipo multidisciplinario; servicio médico y odontológico; apoyo educativo; y un capellán; con el objetivo de reincidirlos socialmente.

Este proyecto de Diana Conti cuenta con el apoyo de los diputados Claudia Gil Lozano, Juan Carlos Vega, Gustavo Dutto, Carlos Kunkel y Natalia Gambaro.