El Senado convirtió en ley, este miércoles, la iniciativa que impone la tipificación del lavado de activos como delito autónomo, algo que necesitaba el país para no ser sancionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirá en México el 20 de junio.

La primera en hacer uso de la palabra durante el debate fue la senadora del Peronismo Federal y presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Sonia Escudero, que se quejó por tener que estar aprobando la ley “contrarreloj”.

En ese sentido, la legisladora salteña detalló: “El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pidió estos ajustes desde 2004. El antiguo y el nuevo jefe de Gabinete, cuando iban a las reuniones, señalaban que desde la entidad no se pedían recomendaciones, que estaba todo maravilloso. Ahora nos dicen que si antes del 20 no hay ley, Argentina puede ser sancionada”.

Por otra parte, Escudero expresó que la iniciativa en cuestión “no debe ser una ley bajo presión de una amenaza, sino que necesita ser un compromiso de la clase política argentina en la lucha contra la criminalidad organizada”.

Finalmente, la senadora dejó en claro que la norma “no debe ser una cosmética legislativa”, ya que “nadie le exigió a la Argentina ser parte de estas instituciones”, en relación con la incorporación –en 2000- del país al GAFI.

El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz, luego de su frustrada y corta precandidatura presidencial, intervino en el debate y sostuvo que, con la iniciativa, se le dará a la Unidad de Información Financiera (UIF) “inmensas facultades, va a tener una de las mayores atribuciones para investigar sobre la vida de la sociedad como no la tienen otros organismos del Estado”, y advirtió: “Me atrevo a decir que va a tener más atribuciones que la AFIP”. Para él, la UIF debería ser “un órgano extra poder”.

Terminada la explicación, el líder de la bancada oficialista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, pidió una intervención y declaró: “La UIF tiene autonomía, pero debe tener una dependencia del Poder Ejecutivo. No es una ONG. Esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con posicionamientos del Gobierno frente a temas externos e internos. Colocarlo en otro lugar sería indudablemente ineficaz”.

Luego, Sanz enumeró otras dos cuestiones. La primera, su desacuerdo en cuanto a la posibilidad que tendrá la UIF para recaudar a través de multas. La segunda, un cuestionamiento por la eliminación de la denuncia anónima. El mendocino aseveró que “es una herramienta muy valiosa que no habría que descartarla”.

El tema de la desvinculación de Sergio Schoklender de la Fundación Madres de Plaza de Mayo -por supuestos problemas con los fondos de la institución- fue llevado al recinto por la representante de la Coalición Cívica (CC) y precandidata a jefa de Gobierno porteño, María Eugenia Estenssoro, que mencionó que “hubiera sido mucho mejor si esta investigación hubiese comenzado por propia iniciativa de la UIF, hubiera mostrado una vocación real”, y resaltó: “Nuestra fuerza va a poner énfasis para que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue si no hubo fondos de Madres de Plaza de Mayo que llegaron a las cuentas del señor Schoklender”.

Durante la votación en general, el proyecto consiguió 61 adhesiones positivas y dos negativas (Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, ambos del Peronismo Federal). En particular, 57 legisladores votaron a favor, cuatro en contra, y sólo hubo una abstención.

Seguido a eso, el pleno votó un proyecto de ley “correctivo” para mejorar el texto en cuestión. La votación dio 57 adhesiones positivas y una negativa. Ahora deberá debatirse en la Cámara baja.

Con la sanción de la ley, Argentina no se expondrá a una sanción del (GAFI), que se reunirá en México el 20 de junio.