Radicales quieren poner la lupa sobre las transferencias a las Madres

Pedido de informes de ambas bancadas del Congreso de la Nación, a la Jefatura de Gabinete y a la SIGEN, respecto de los fondos entregados a la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini.

El presidente del bloque de diputados, Ricardo Gil Lavedra, junto con el jefe de la bancada de senadores de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, pidieron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y al Síndico General de la Nación, Daniel Reposo información detallada sobre los fondos público asignados a la Misión Sueños Compartidos, para la construcción de viviendas sociales y cuya ejecución está a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Los legisladores solicitan al jefe de Gabinete copia certificada de los certificados de obra que fueron emitidos, en cada caso, para solicitar las referidas transferencias de fondos, junto con toda la documentación de respaldo en función de la cual se decidió la entrega de tales sumas de dinero. Además, que informe de la manera más exhaustiva y circunstanciada que resulte posible, los controles realizados para verificar la correcta realización de las obras.

También requieren copia de los dictámenes jurídicos y técnicos que precedieron las sucesivas transferencias de fondos, y que indique en base a qué estudios e informes se resolvió que la Fundación Madres de Plaza de Mayo posee la idoneidad técnica y operativa, y la capacidad económica, para construir viviendas sociales con fondos públicos. Finalmente, interroga si la adjudicación de la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue realizada en el marco de algún proceso licitatorio en el que pudieron postulares otras entidades o fue una decisión puramente discrecional.

Asimismo, se le solicita a la SIGEN la urgente remisión de copia certificada de todos los informes de auditoría que se hayan realizado sobre la asignación de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y sobre su ejecución y administración.

Ambos requerimientos se fundamentan en el Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional, Decreto Nº 1172/2003, Anexo VII, que es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional (Art. 2) y en el derecho constitucional a buscar y recibir información previsto por nuestra Ley Fundamental, entre otros, por los artículos 14 y 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Art. XXIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (todos ellos dotados de jerarquía Constitucional conforme Art. 75, Inc. 22 CN).

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