Representantes de las consultoras sancionadas asistieron a la Cámara baja donde dieron cuenta de su estado de “censura” por medir la inflación. Por su parte, los legisladores adelantaron que presentarán una denuncia contra el Gobierno por “abuso de poder”.
Las consultoras económicas sancionadas por la Secretaría de Comercio concurrieron a la Cámara de Diputados por invitación de la Comisión de Libertad de Expresión con motivo de denunciar la violación al derecho a la libertad de expresión.
Recordemos que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aplicó sanciones a las consultoras que se negaron a contestar el interrogatorio que les envió, requiriéndoles información sobre su metodología para elaborar los datos de la inflación.
Según el texto emitido por la Secretaría de Comercio Interior, deben precisar “cómo están compuestos sus índices, qué precios consideran y que comercios visitan”.
Al encuentro asistieron representantes de Estudio Gabriel Rubinstein y Asociados, M&S Consultores, Ecolatina, Econviews, Asociación Dirigentes de Empresas, y Fiel. También estuvo invitada Graciela Bevacqua, ex directora de precios del Indec desplazada de sus funciones cuando hace cuatro años Guillermo Moreno intervino el organismo, quien no asistió por encontrarse en un viaje.
Por su parte estuvieron presentes la presidenta de la Comisión, Silvana Giudici (UCR), Fernando Iglesias, Alfonso Prat Gay, Elsa Quiroz y Patricia Bullrich del bloque de la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer (GEN) y Carlos Favario (Demócrata Progresista).
La encargada de iniciar el debate fue la diputada Giudici quien consideró que mediante las medidas de la Secretaría de Comercio, “el Gobierno tipifica la discrepancia con las consultoras como un delito de opinión” y agregó que “lo que se intenta es generar autocensura”.
En tanto, instó a “poner límites a un abuso de la autoridad que venimos denunciando desde hace muchos años”.
El primero de los invitados en tomar la palabra fue Gabriel Rubinstein, de Estudio Gabriel Rubinstein y Asociados, quien declaró que “estas cosas no pasaban ni siquiera en el último Gobierno militar”.
En tanto, le reclamó al Congreso Nacional y a la Justicia a que “se pongan más las pilas y proponer acciones más concretas”, “que pueda haber actividades concretas y suficientemente fuertes para que esto cese y se revierta”.
A su turno, Carlos Melconian, de M&S Consultores, expresó que muchos veces se intercambiaban opiniones y resultados entre consultoras y gobiernos pero que “esto que ha ocurrido en Argentina es algo inédito”.
“De un discurso gramsciano estamos deviniendo a uno goebbeliano”, fue la expresión que prefirió utilizar Natalio Konstantinovsky, representante de la Asociación Dirigentes de Empresas y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
Santiago Paz, de Ecolatina, por su parte, destacó el “desastre que se ha hecho con le intervención del Indec” y recordó que todos las consultoras han presentado apelaciones “porque creemos que la Justicia va a fallar a favor nuestro”.
En representación de Orlando Ferrer y Asociados, Fausto Spotorno, consideró que “desde el punto de vista técnico está todo bien” y resaltó que el verdadero problema “es de libertad de expresión”.
“Dicen que los números generan expectativas inflacionarias. Eso es peligroso porque se puede aplicar a otros temas”, sostuvo al respecto.
Y en el mismo sentido se expresó Miguel Kiguel de Econviews, quien remarcó que su “gran preocupación es que la sociedad no pueda hablar de inflación”.
“Es preocupante que luego no se pueda hablar de otros temas”, consideró.
En tanto, el economista Juan Todesca, representante de Finsoport y actualmente candidato a jefe de Gobierno porteño por el peronismo disidente, dijo que “esto es un problema político” y advirtió que “existe un aparato de espionaje que selecciona los recortes de diarios donde nosotros opinamos” y que “se dedica a desgrabar” los programas de radios”.
“Esto lo pagamos todos”, remarcó Todesca.
En este marco, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudici, concluyó que “este tema constituye un abuso de autoridad porque viola la ley de Lealtad Comercial” pero que “mucho mas grave es la multa que afecta la libertad de trabajo y al quehacer” de las empresas.
“Alertamos y demandamos que se cumpla la Constitución y los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica”, declaró la diputada radical.
Además, consideró que “sería bueno que la presidenta volviera atrás las medidas e impida que se multe por pensar distinto, tal como lo hizo en el caso de Vargas Llosa”.
Patricia Bullrich (Coalición Cívica) adelantó que senadores y diputados de distintos bloques presentarán una denuncia contra Guillermo Moreno por “abuso de poder”, y les advirtió a las consultoras que “la autocensura es el peor error que se puede cometer”. En efecto, la legisladora les reclamó a las empresas que no tengan miedo de hablar ni que “restrinjan el uso de palabras que los abogados recomiendan no usar”.