El senador nacional Arturo Vera (UCR-Entre Ríos) señaló al Gobierno justicialista, liderado hoy por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, como “responsable por los supuestos actos de corrupción llevados a cabo por personas de la Fundación Madres de la Plaza de Mayo. Lo dijo a propósito de “la desvinculación de su apoderado general, Sergio Shoklender, lo cual permitió que salgan a luz la forma y los precios de la contratación de viviendas sociales cuya ejecución, con subsidios del Estado, el Poder Ejecutivo delegaba en la fundación”.

El senador expresó que “existen fuertes sospechas que los precios pagados por la mencionada fundación con dineros del Estado, habrían sido, en algunos casos, dos o tres veces mayores que su valor normal o de mercado”.

Vera opinó que “el Gobierno Nacional debe llevar adelante una administración atenta y vigilante respecto a los gastos de los dineros públicos, y más cuando se trata de subsidios, lo cual implica substraer al gasto de gran parte de los controles preestablecidos”.

Consecuentemente, el senador radical entiende que “el Poder Ejecutivo es responsable también de cuantas irregularidades hayan existido y más cuando se trata de una entidad cooptada políticamente por el Gobierno. Esto se ve agravado, en cuanto en la fundación recaló la ex ministra de economía de la nación, Felisa Miceli, quien tuvo que abandonar su cargo luego de que se le encontrara una bolsa con más de $200.000 en el baño de su despacho”.

El legislador entrerriano, expresó que “en su momento, cuando hubo conocimiento publico de los negociados que se le imputaron a Ricardo Jaime en su función como secretario de transporte, apuntamos como principal responsable al Gobierno Nacional es ahora nuevamente responsable de los actos de corrupción que supuestamente existieron. Particularmente teniendo en cuenta que en el caso de las Madres de Plaza de Mayo, la ligereza con la que se habrían entregado miles de millones de pesos para construir viviendas sociales, cuando no es una entidad que haya sido creada para tal fin, lo que lleva a pensar que la entrega de los subsidios, más que solucionar problemas sociales de la población, ha tenido como objeto cooptar partidariamente a una institución que gozaba de alto prestigio como representante de la lucha por la verdad y la justicia. En tanto en el caso del secretario de Transporte –Ricardo Jaime-, tratándose de un funcionario con dependencia directa al ex presidente Kirchner, el Gobierno no puede ignorar los casos de corrupción que habrían sido cometidos o investigados, volviéndolo en consecuencia cómplices de semejantes actos de corrupción”, dijo el senador.