El proyecto que busca modificar la ley de Adopción mediante el resguardo de los derechos del niño, el respeto a la identidad y la implementación de procedimientos “ágiles, transparentes y confiables para la sociedad”, fue presentado en la Cámara de Diputados por la diputada de la UCR María Luisa Storani y la asesora general tutelar porteña, Laura Musa, a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe su propio proyecto para modificar la Ley 26.061 de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.

El texto, que se sumó a otros 14 que buscan modificar la legislación, elimina el supuesto “abandono moral y material” del niño y exige que se reemplace por el principio de consentimiento informado. En tanto, la modificación busca que tanto los progenitores como los niños puedan participar del proceso que los involucra a través de un abogado que los represente, en el caso de los menores de edad.

Respecto de la adopción plena, que es la que extingue el vínculo con la familia de origen, Storani afirmó que deberá limitarse a los supuestos de niños con filiación desconocida y Musa sostuvo que “la regla de este proyecto es la adopción simple”.

Musa manifestó que en la actualidad “la mayoría de las adopciones suprimen cualquier vínculo que lo pueda relacionar al niño con su familia de origen” y consideró que “no hay que dividir sino sumar familias”.

El proyecto, cuya elaboración contó con el asesoramiento de la Fundación Sur Argentina, promueve entonces que en los casos en los que esté dado el estado de adopción los procedimientos “sean ágiles, transparentes, no arbitrarios y confiables para toda la sociedad”. Asimismo, busca que se permita al niño la posibilidad de revincularse con su familia biológica, si así lo desea.

Storani y Musa consideraron que se trata de un proyecto de ley que “le otorgaría transparencia a la situación de hoy en la que se da un doble estándar: las personas que adoptan a través de la vía legal y las que no”.

En cuanto a los plazos, el proyecto establece 60 días para que el juez inicie la declaración del estado de adoptabilidad, tras evaluar la situación del niño y su familia biológica. Además, prevé un plazo de 90 días para averiguar si se puede ubicar a los padres o tutores de niños abandonados.