El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, y al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, asistieron a la Cámara baja y defendieron el programa de financiamiento destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Convocados por la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara baja, el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, y al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, asistieron a una reunión convocada por la comisión para informar sobre los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
A lo largo del encuentro, los diputados, especialmente de la oposición, les pidieron a los funcionarios precisiones sobre los fondos que se le asignaron a la Fundación para la construcción del Viviendas durante el gerenciamiento de Schoklender, ahora investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.
“Los hechos denunciados, que involucran al apoderado de la organización en cuestión, generan preocupación e incertidumbre entre los miembros de la Comisión, razón por la cual he decidido de manera urgente cursar esta invitación”, señaló al respecto el titular de la comisión, el diputado radical Hipólito Faustinelli.
En una sala que quedó muy chica para la masiva presencia de diputados nacionales, Abel Fatala remarcó en sucesivas oportunidades que los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo “no son subsidios sino transferencias de recursos para generar inclusión social” y que “hay un trabajo de seguimiento de los programas que no se altera”.
En tanto, Fatala y Bontempo remarcaron que las subsecretarías no tienen “trato directo con las Madres” sino que se financia directamente “a las jurisdicciones”, y en este marco, Fatala señaló que “se certifica y se paga sólo lo que está en obra”.
“Nosotros solo giramos fondos y las auditamos”, declaró Bontempo tras agregar que “los controles de pagos los hace la jurisdicción y los certificados de las obras los firman los directores de las obras públicas y los representantes de los distritos”.
Además, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación sostuvo que “las organizaciones tienen un anticipo del quince por ciento” y el resto se va financiando a medida que avanza la obra.
“Este no es un programa ad hoc”, expresó al respecto del programa de construcción de viviendas que llega adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo tras destacar que “el valor del metro cuadrado es el mismo que para el resto de otros lugares”.
A partir las declaraciones emitidas, Fatala y Bontemplo desligaron la responsabilidad de las respectivas subsecretarías por la falta de control sobre el uso de los fondos públicos destinados a la Fundación, y sobre el las supuestas irregularidades que tuvieron lugar durante el gerenciamiento de Sergio Schoklender.
En este marco, a pedido del diputado Gustavo Ferrari, Abel Fatala declaró que desde 2008 hasta el momento el financiamiento a la Fundación de las Madres es de 765 millones de pesos, que faltan 500 millones y que la organización no solo construye viviendas sino también hospitales y otras obras de infraestructura.
Al turno de la ronda de preguntas y declaraciones por parte de los diputados nacionales, Daniel Katz (UCR) sostuvo que “se ha estafado a los argentinos a través de una ONG” y le preguntó a los funcionarios acerca de dónde está la fisura en el sistema para que se permita que se haya fugado tanto dinero.
Por su parte, Eduardo Macaluse (SI) declaró que “Schoklender se ha enriquecido con plata que era para los pobres” y que “no hay que impugnar a las organizaciones para no caer en una discusión electoral”.
“Estoy convencido que Hebe de Bonafini no ha tocado un solo centavo ni guarda complicidad”, expresó.
En tanto, Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) remarcó que a través del programa de financiamiento en cuestión “la Fundación de las Madres se constituyó en la segunda constructora argentina luego de Techint, contando con tan solo 5.300 empleados”.
En base a estas interrogaciones, la diputada Elsa Quiróz (CC) resumió la pregunta que muchos legisladores habían hecho: “¿Quiénes y cómo se auditaron las obras?”; a lo que Bontemple volvió a responder que “la auditoría la hacen los inspectores de las obras”.
Sin embargo, Quiróz no se conformó con la respuesta y consideró que no se le puede “pedir rendimientos de cuentas a ciudadanos sino a funcionarios en los cuáles se delega la gestión y la toma de decisiones”.
Entre los legisladores estuvieron presentes el presidente de la Comisón de Vivienda, Hipólito Faustinelli (UCR), los oficialistas Mariano West, Dulce Granados, Mariel Calchaquí, Rosa Chiquichiano, Diana Conti, Adriana Puigross, José María Díaz Bancalari, los radicales Ricardo Gil Lavedra, Daniel Katz, y Eduardo Amadeo y Gustavo Ferrari del bloque del Peronismo Federal.
Además asistieron Fernanda Reyes, Elsa Quiroz, y Juan Carlos Morán del bloque de la Coalición Cívica, y Federico Pinedo, Laura Alonso y Christian Gribaudo del PRO.
