Los diputados del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley, que prevé sanciones económicas para aquellos medios que publiquen avisos clasificados que promuevan la oferta sexual, en el marco de la lucha contra el delito de trata de personas.

La propuesta, que también apunta a la paulatina eliminación de las formas de discriminación cuando se trata a la mujer como un objeto, fue girado a las comisiones de Legislación Penal, Familia y Comunicaciones.

La iniciativa fue presentada por los diputados kirchneristas bonaerenses Ariel Pasini, María Teresa García, Diana Conti, Adela Segarra, Juliana Di Tulio y Graciela Gianetassio; y por la misionera Julia Perié.

Entre las sanciones, el proyecto establece que será sancionado con multa de 50.000 a 250.000 pesos a quien, por cualquier medio, publique avisos que de manera explícita o implícita hagan referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual o promuevan su oferta.

Además, afirman que "ese medio será privado, durante 30 días, de todo tipo de pauta publicitaria oficial nacional, provincial o municipal".

También se contemplan multas de hasta 500.000 pesos, si de la publicación se infiriere adjetivación de las personas a prestar los servicios, por edad, nacionalidad, especificidad territorial o características personales.

Entre los fundamentos del proyecto, los diputados explican que “la oferta de `sexo` en el denominado `rubro 59` de los clasificados, como así también todos los eufemismos tras los que se intenta esconder las verdaderas prácticas, a saber: “relax”, “masajes”, “contactos para adultos”, etc.; resultan ser un vehículo idóneo para el perfeccionamiento del delito de Trata”.

“Como puede apreciarse, el modo en que los artículos clasificados se refieren a las mujeres, establecen una manifiesta `objetivación` o `cosificación` de las mismas”, explicó el diputado Pasini en diálogo con Télam.

En este sentido, añadió que “la banalización del sexo femenino, al referirse a las mujeres como `bebotas`, `pimpollos`, `esclavas`, y otros término aportados por el informe elaborado por el INADI, constituye una distinción contraria al tratamiento igualitario que deben recibir las mujeres, en estricto cumplimiento de los tratados internacionales sobre el tema”.

Como fundamento del proyecto, los diputados oficialistas recurrieron al monitoreo de los avisos de índole sexual realizados por distintas organizaciones de la sociedad civil contra la “Trata de Personas”.

Por ejemplo “el realizado el año pasado el Programa `Esclavitud Cero` junto a la ONG La Alameda, que derivó en una denuncia conjunta sobre la existencia de 613 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, detectados sólo sobre la base de los avisos publicados en los principales diarios nacionales.

“La denuncia presentada ante el procurador de la Nación, Esteban Righi, arrojó como resultado 40 allanamientos, que denotan con claridad meridiana la ostensible vinculación entre las publicaciones sexuales y la comisión de ilícitos sancionados penalmente”, señala el proyecto en sus argumentos.