“Queda confirmado que la Unidad de Información financiera (UIF) pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del poder, ya que semejante facultad judicial sin lugar a dudas continuará siendo ejercida arbitrariamente de acuerdo a quien sea la persona investigada”, manifestó el diputado Gustavo Ferrari acerca de la decisión de la presidenta de observar el artículo 25 de la ley modificatoria del régimen antilavado, por el cual se prohibía a la UIF constituirse como parte querellante en causas penales.

“La presidenta no puede desconocer que uno de los motivos sobre los que pende la posibilidad de que la Argentina sea sancionada, es precisamente la utilización política de la UIF -sobre todo cuando un fiscal Federal acaba de imputar al Presidente de la UIF por incumplimiento de deberes a raíz del “cajoneo” de la investigación vinculada a los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo-. El veto parcial sin lugar a dudas reflejará en el orden internacional la despreocupación del gobierno por este tema”, enfatizó Ferrari.

A su vez, el legislador nacional agregó que “la decisión constituye una manifiesta violación al acuerdo político entre el bloque oficialista y la mayoría de la oposición, que permitió la sanción de la ley, debido a que “la necesidad de restringir dicha facultad era uno de los puntos centrales que reclamábamos para sancionar esta norma en razón de los antecedentes de utilización de la UIF como un organismo de persecución política de opositores y de protección y encubrimiento de los amigos del poder”.