El diputado Julián Obiglio anticipó la presentación de un pedido de informes para conocer si la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, recibe fondos de estados extranjeros.

El diputado del PRO señaló que “es muy importante hacer público si la Asociación Madres de Plaza de Mayo ha recibido o está recibiendo fondos públicos de otros países. Asimismo, deberá determinarse para qué han sido enviados esos fondos, y qué uso se les ha dado”.

“La necesidad de cuidar las buenas relaciones con el mundo, especialmente con nuestros vecinos, nos obliga a dejar en claro si algún dinero de otro Estado fue mal usado en el nuestro”, expresó el diputado nacional, que además presentará ante el juzgado a cargo del juez Norberto Oyarbide un escrito para conocer si el gobierno de Venezuela destinó fondos estatales al referido organismo.

En declaraciones a radio El Mundo, explicó que “la semana pasada estuvieron en Argentina dos diputados nacionales de la oposición venezolana, y nos dejaron una denuncia por escrito, donde indican que efectivamente dineros únicos del Estado venezolano han sido donados a la Fundación Madres Plaza de Mayo”.

“Frente a esto, nosotros vamos hacer una acción muy institucional, desde el Congreso vamos a pedirle informes al Poder Ejecutivo para que nos envíe copias de los balances de la Fundación y los ingresos de dinero desde el extranjero que haya tenido la Fundación. Y al mismo tiempo vamos a presentar copia de esta denuncia en el juzgado del doctor Oyarbide que es el que está impulsando la investigación, para que en el caso que considere que hay algún delito allí, lo investigue y llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó Obiglio, quien agregó que “habrá que cruzar la información con los datos del Banco Central, a ver si efectivamente ingreso ese dinero por las vías normales y para que fue utilizado”.

En conversación a Radio El Mundo, sostuvo que “estos escándalos cuando llegan a esta magnitud, ya los secretos es imposible guardarlos y empieza hacer agua por todos lados la mentira, entonces es muy probable que el fiscal haya obtenido información de alguna otra fuente”.

Además, señaló que “no sólo hay responsabilidad personal, de las personas que tenían la administración de la Fundación, sino también hay responsabilidad del Estado por no haber controlado conforme a través de la ley, porque las fundaciones y las entidades civiles, son organizaciones que especialmente deben ser controladas eso es lo que dice la ley, y pareciera que en este caso alguien miro para el otro lado”.