La diputada declaró sobre el proceso licitatorio de 220 canales de televisión, que adjudicó a “amigos y aliados del Gobierno, como en el caso Schoklender”.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudici, se refirió a la licitación de 220 señales de televisión que intenta otorgar Gabriel Mariotto, presidente de la Autoridad Federal de Servicios Comunicación Audiovisual (AFSCA).
“El proceso licitatorio de canales de aire se debe posponer hasta que la AFSCA esté integrada en su totalidad”, explicó Giudici, y agregó que “es necesario evitar este festival de otorgamiento de frecuencias a distintos amigos y aliados del Gobierno. La asignación de señales las debe realizar el organismo de aplicación, al que aún le faltan integrantes que representan a la oposición”.
“Todas las decisiones de la AFSCA –continuó- deben someterse al control de la Comisión Bicameral de Medios del Congreso; la misma fue tomada ilegítimamente por el oficialismo, quien nombro al diputado Agustín Rossi como su presidente, en diciembre de 2009, y nunca más se volvió a convocar para evitar que se fiscalice el desmadre que está llevando adelante la Autoridad de aplicación por parte del Congreso”.
Al respecto, Giudici sostuvo que “en reiteradas oportunidades solicitamos al oficialismo convocar a la Bicameral para poder nombrar nuestros representantes y monitorear sus acciones una vez que detectamos las desprolijidades que comete la AFSCA”.
“Ahora intentan una asignación masiva de frecuencias en el año electoral” -sostuvo la diputada-, “por eso es imperioso que se complete el organismo para ejercer desde allí un riguroso control sobre el AFSCA y particularmente sobre este proceso. El plan técnico que está elaborando la Comisión Nacional de Comunicaciones debe estar terminado y debe enviarse a la Comisión Bicameral de Medios antes del llamado a licitación, de manera de garantizar la transparencia en la asignación de nuevas señales”.
Giudici finalizó: “este concurso debe ser controlado por el Congreso para evitar las arbitrariedades a que nos tiene acostumbrado Mariotto y el Gobierno, más aun cuando se comprometen recursos públicos que terminan beneficiando siempre a los amigos del poder y sus negocios, como se está comprobando en el caso Schoklender”.
