Desde la oposición piden que la organización cumpla con las obligaciones legales de prevención del lavado de dinero que exige la Ley 25.246.
“La Fundación Madres de Plaza de Mayo -en caso de no estarlo- debe ser sometida inmediatamente a los controles de la UIF y cumplir con las obligaciones legales de prevención de lavado de dinero como cualquier otra persona jurídica que recibe donaciones o aportes de terceros. No existen motivos para que se encuentre exenta de dichos controles, sobre todo atendiendo a que este tipo de operaciones son frecuentemente utilizadas en maniobra de lavado y que existe una investigación judicial en curso sobre esta materia”, reclamó el diputado nacional Gustavo Ferrari.
Y agregó que “es necesario que el Gobierno clarifique si efectivamente dicha Fundación ha recibido donaciones millonarias, circunstancia que la obligarían a someterse a dichos controles y cumplir con las políticas antilavado que exige la Ley 25.246, su Decreto reglamentario y particularmente la Resolución UIF 30/11 destinada específicamente a las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 50.000, o el equivalente en especie, en un período no superior a los 30 días”.
El legislador nacional presentó este miércoles, junto con la diputada Natalia Gambaro, un pedido de informes dirigido al Ministerio de Justicia para que, a través de la Inspección Gral de Justicia y la UIF, clarifique esta situación, luego de las publicaciones realizadas por el diario Clarín e Infobae, donde denuncian que la Fundación habría recibido aportes millonarios del Gobierno venezolano, de ONGs extranjeras, de fundaciones políticas de Alemania, países escandinavos, europeos y del gobierno de Galicia, entre otros, resultando particularmente llamativo el aporte de Venezuela, que habría destinado U$S 1.000.000 para el sostenimiento de una cátedra de pensamiento bolivariano.