La Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, cuya titular es la legisladora del Peronismo Federal Sonia Escudero, avanzó con el tratamiento de reformas del sistema penitenciario: este martes, el cuerpo que lidera la senadora salteña se reunió en el Salón Arturo Illia y pasó a firmar dos despachos que ya cuentan con el aval de Diputados.

El primero de los proyectos en cuestión está relacionado con la distribución de la renumeración del trabajo del interno; mientras que el segundo es acerca del acceso a la educación pública en los establecimientos penitenciarios.

Luego se pasó a firmar un dictamen de un proyecto presentado por la senadora del Peronismo Federal Hilda “Chiche” Duhalde que declara la emergencia en materia de seguridad ciudadana por el término de dos años.

Por último, se debatió sobre trata de personas. La comisión elaboró un dictamen sobre la base de cuatro iniciativas presentadas por los tucumanos Beatriz de Alperovich y Sergio Mansilla (oficialismo); el chaqueño Roy Nikisch (radicalismo); la formoseña Adriana Bortolozzi (justicialismo); y la puntana Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal).

Entre los principales puntos se señala que “el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa”. Además se incluye una nueva definición de trata, que expresa: “Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, entre diferentes puntos del país, o desde o hacia otros países”.

Por el ministerio de Seguridad de la Nación, que lidera Nilda Garré, participó de la reunión la representante de Dirección Nacional de Política Criminal, Paula Honisch, que destacó que la creación de un “Comité Ejecutivo integrado por los ministerios de Seguridad; Justicia; y Desarrollo Social podrá incrementar la eficiencia del trabajo” en cuanto a la lucha contra este tipo de delito.

Honisch sostuvo que desde el ministerio no creen “conveniente incorporar agentes encubiertos en la lucha contra la trata”, ya que la participación de personas significaría la “afectación de derechos y garantías”.