En la Cámara baja bonaerense se presentó un proyecto de declaración en el que se solicita al Ejecutivo provincial que arbitre los medios para la creación de hogares de tránsito en cada uno de los municipios del conurbano bonaerense.
El diputado bonaerense y vicepresidente del bloque PRO-Peronismo Gustavo Ferri, presentó un proyecto de declaración en el que solicita al Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social, que arbitre los medios para la creación de hogares de tránsito en cada uno de los municipios del conurbano bonaerense.
Según expresó el legislador, “el objetivo de estos centros es el de albergar a víctimas de la violencia familiar, en especial a aquellas mujeres y niños que se encuentran desamparados ante esta situación de extrema vulnerabilidad, donde en muchos casos llegan a corren riesgo de vida”.
Y en esa línea, consideró que “es necesario que tengan un ámbito donde poder estar hasta tanto su situación sea resuelta en la órbita del poder judicial. No podemos dejar de lado que en lo que va del 2011, los casos de violencia familiar se han incrementado notoriamente y esta proyección no está en vías de cambiar”.
Cabe remarcar que se encuentran vigentes dos leyes, una provincial (12.569, Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires) y otra nacional (26.485, sancionada en 2009 y reglamentada en 2010), en ambas queda establecido que el Estado debe garantizar albergue de tránsito para mujeres y niños que sean víctimas de violencia doméstica.
“Queda claro que el avance que ha habido en materia legislativa no ha sido acompañado por los recursos que los municipios destinan a esta problemática, ya que está de manifiesto que no han brindado ninguna respuesta a quienes padecen el maltrato en sus hogares”, manifestó Ferri.
Quién además agregó que “aunque la construcción de hogares de tránsito o refugios no sean la solución al problema creciente de la violencia hogareña, al menos constituye un eslabón muy importante a la hora de aportar la contención a cada mujer junto a sus hijos para poder sentirse protegidos mientras aguardan el proceso judicial pertinente y trabajan junto a un equipo interdisciplinario en su resolución”.
Y finalizó sosteniendo, “es el Estado quien debe implementar políticas públicas tendientes a erradicar la violencia hacia la mujer, y vemos que falta voluntad política para avanzar con lo plasmado en la legislación existente. Entre todos debemos hacer que se cumpla”.
