Habían sido convocados para que brindasen información sobre las obras que la Fundación Madres de Plaza de Mayo lleva a cabo en sus distritos. Empero, legisladores chaqueños denunciaron que “se han dejado de lado los controles” del Gobierno nacional.
Ninguno de los intendentes invitados por la Comisión de Vivienda de la Cámara baja para que brindasen información sobre las obras que la Fundación Madres de Plaza de Mayo lleva a cabo en sus distritos asistió al Congreso.
Nos referimos a los jefes comunales de Tigre, Sergio Massa; de Almirante Brown, Daniel Giustozzi; y de Ezeiza, Alejandro Granados.
También se había invitado a los chaqueños Gerardo Cipolini, de la localidad de Roque Saenz Peña y a René Pellares, de Avia Terai; al jefe comunal de Posadas, Orlando Franco; y al rosarino Miguel Lifschitz.
Empero, se hicieron presentes diputados provinciales de Chaco y el secretario de Relaciones Institucionales de Resistencia, quienes hicieron declaraciones sobre el tema.
Recordemos que la comisión que preside el diputado Hipólito Faustinelli (UCR), había recibido anteriormente al subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, y al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, quienes informaron sobre los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Fundación en el marco del programa “Sueños Compartidos”.
Según declaró Hipólito Faustinelli a parlamentario.com, la citación de los intendentes se había realizado “para corroborar, rectificar lo que dijeron Fatala y Bontempo”, ya que “ambos funcionarios nombraron a una cantidad de intendentes diciendo que ellos habían delegado responsabilidades en los controles de la ejecución de viviendas”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Vivienda, Hipólito Faustinelli (UCR), aclaró algunos intendentes comunicaron las dificultades de asistir al encuentro.
En este marco, Faustinelli les propuso a los diputados presentes pedir una audiencia al Gobierno de Chaco y luego realizar una reunión de comisión en dicha provincia, ya que en ese distrito se encuentran “el 30 por ciento de las obras llevadas a cabo por la Fundación”, lo cual fue aprobado por los diputados presentes en la reunión.
“En los fundamentos dijeron que esta construcción de viviendas es más barata, pero terminó siendo más cara”, declaró el diputado radical al respecto de las declaraciones de los funcionarios nacionales.
En el encuentro, la diputada chaqueña Alicia Terada trasmitió a la Comisión de Vivienda un comunicado del intendente de la ciudad de Concepción de Bermejo de Chaco en el que se expresaba que “nunca se ha firmado convenio alguno con el Ministerio ni con la Fundación”.
De tal modo, la diputada consideró que Abel Fatala y Luis Bontemplo mintieron en las declaraciones que habían hecho en la reunión a la que habían asistido.
En tanto, otro chaqueño, el diputado Carlos Urlich (UCR), sostuvo que “el Gobierno nacional y el provincial se escudan en los derechos humanos para hacer semenjante gasto” y que “el programa Sueños Compartidos es casi una asociación ilícita”.
En efecto, el diputado declaró que el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, “hacía viajes en avión” e “iba a hoteles cinco estrellas” de Chacho, mientras “que los chaqueños no veíamos nada”.
A su turno, hizo uso de la palabra Sergio Vallejos, diputado provincial de Chaco, quien sostuvo que en su provincia “se han dejado de lado los controles”, “se ha violado la autonomía municipal” y que en el programa de construcción de viviendas “se ha favorecido a los intendentes cercanos al poder”.
Para el diputado provincial, el Programa Sueños Compartidos es una “mega estafa económica y moral porque se ha usado la bandera de los derechos humanos”.
Por su parte, el diputado del SI, Eduardo Macaluse, se preguntó si “fue solo Schoklender y la asociación o esta práctica de corrupción está extendida a otros convenios”.
“Si esto está extendido es que hay un sistema armado por empresas y funcionarios del Estado que lo permiten”, consideró el diputado.
Por eso, para Macaluse “hay que caer sobre todos los responsables y no sobre un chico expiatorio”.
En resupuesto, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que “Argentina es un país opaco porque no tenemos acceso a la información tanto nosotros como los ciudadanos”, en referencia a una ley de acceso a la información.
En efecto, para el diputado “estamos mendigando con cada pedido de informe”.
Por otro lado, el jefe del bloque del radicalismo en la Cámara baja, sostuvo que el Gobierno nacional “le da la plata a la Fundación de las Madres sin ningún tipo de selección, y apartándose de toda norma legal”.
A su término, Macaluse volvió a hacer uso de la palabra y aclaró que lo que se “quiere saber es si hay un Pacto de Olivos con este tema”.
Otro de los diputados en hablar en la reunión fue Horacio Alcuaz, quien retomó la idea de Macaluse y consideró que “hay cientos de Schoklender metidos en fundaciones y en empresas públicas”.
Además, el diputado bonaerense consideró que el escándalo del caso Schoklender es “como pasa con el vial costero de Vicente López, que es el más caro del planeta”.
En tanto, dijo estar “agradecido” del ex apoderado de la Fundación por “permitir describir a la Comisión todas estas irregularidades”.
“El sistema es corrupto en sí mismo, desde el gobierno de Onganía en adelante”, dijo Alcuaz.
Entre los diputados presentes en la reunión estuvieron los radicales Hipólito Faustinelli, Ricardo Gil Lavedra, María Luisa Storani, Atilio Benedettti, Carlos Urlich, Juan Pedro Tunessi, Mario Barbieri; los diputados de la Coalición Cívica Alicia Terada, Fernanda Reyes, Griselda Baldata, Elsa Quiroz, y Alfonso Prat Gay.
También asistieron al encuentro Eduardo Macaluse (SI), Gustavo Zavallo y Juan Carlos Forconi del Peronismo Federal y Laura Alonso y Christian Gribaudo del PRO.
