El caso Schoklender sigue generando reacciones en el Congreso de la Nación. Un día después de que los intendentes pegaran el faltazo a la Comisión de Vivienda de la Cámara baja, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas analizó el tema y resolvió encargar un informe “integral” a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la transferencia de recursos públicos a la Fundación de Plaza de Mayo para el programa de viviendas sociales “Sueños Compartidos”.

Así lo determinaron los representantes de la UCR, el Peronismo Federal y hasta el kirchnerismo, que pedirán a la AGN una auditoría integral que permita determinar de qué manera funciona la relación del Estado, tanto nacional, como provincial y municipales, con la Fundación de las Madres para la construcción de viviendas sociales.

El impulsor de la movida fue el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, integrante de la comisión, que pedirá además a la AGN que en 60 días le envíe un “informe preliminar” de como funciona la relación del Estado con la Fundación que preside Hebe de Bonafini.

De la reunión de comisión tomaron parte los senadores Gerardo Morales, Juan Carlos Moreno y Nicolás Fernández, más los diputados Morán, Heriberto Martínez, Walter Agosto y José María Díaz Bancalari. El FpV apoyó la moción de dar parte a la Auditoría. De hecho, el santacruceño Fernández señaló que “el mayor grado de rigurosidad nos va a dar la mayor información y certeza sobre de qué estamos hablando”.

Eso sí, Fernández pidió que la misma medida se adopte respecto de un pedido de un informe a la AGN sobre los supuestos “retornos” a los inversores permitidos por la empresa Papel Prensa. Sin embargo, los representantes de la oposición volvieron a rechazar esa propuesta, argumentando que Papel Prensa es una empresa privada y que el pedido formulado por Guillermo Moreno era una cuestión “política”.

Así las cosas, el oficialismo firmó un dictamen en minoría a favor de pedir la auditoría.