El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, presentó un proyecto por el cual solicitó que el gobierno informe con carácter “pormenorizado” al Congreso sobre las condiciones y las pautas bajo las que se celebró el contrato, precontrato o acuerdo de intención entre ENARSA y Qatargas.

Gil Lavedra reclamó al PEN que a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros “remita copia del contrato, precontrato o acuerdo de intención firmado entre el representante de la empresa energética argentina, ENARSA, y la qatarí, Qatargas”.

“Como es de público conocimiento, el contrato establecería que Qatargas provea 5 millones de toneladas de gas natural licuado al año a la empresa argentina ENARSA durante 20 años a partir del 2014. La compra sería por el valor de 40.000 millones de dólares y sin licitación. Argentina entonces compraría GNL en forma directa a Qatar, con un costo casi un 53% mayor que el precio promedio que ENARSA va a pagar este año por la importación de ese combustible, que llegará por barco a los puertos de Bahía Blanca y Escobar”, indicó Gil Lavedra.

Añadió que “la firma del contrato, precontrato o acuerdo de intención no está exenta de dudas y opacidad. Muy por el contrario. No hay precisiones sobre precios y cantidades acordadas, ni se han presentado las proyecciones que justifiquen por qué sería necesario importar tal cantidad de gas natural por este medio (LNG) ni por ese plazo. Asimismo, se desconocen cuáles son las perspectivas de producción consideradas para tolerar precios tan altos como estos, y proyectando a mediano plazo (20 años a partir del 2014)”.

Gil Lavedra aludió a la información de prensa que refirió que se habría acordado entregar el gas en el “Southern Cone LNG HUB”, una terminal de regasificación marítima flotante que hoy no existe y que “promueve ENARSA”, por lo que juzgó que “se firma un proyecto millonario en condiciones poco transparentes, a 6 meses de finalizar una administración presidencial, cuya materialización depende de otro proyecto millonario del cual conocemos poco y nada”.

Apuntó que “el precontrato contendría, según la información brindada por los medios de comunicación, un dato que los funcionarios omitieron difundir y que se vincula con las obras de infraestructura que se deben realizar para poder inyectar el GNL a la red gasífera. Se trata de una terminal portuaria en San Antonio Oeste y un gasoducto de 200 km. de extensión. Ambas obras demandarán una inversión de casi US$ 600 millones que Qatar se habría comprometido a financiar a cambio de ser el único proveedor de GNL hasta el año 2034”.

Gil Lavedra planteó que existen “otras dudas sustanciales”, tales como “si no podrían reemplazarse esas necesidades de importación (recursos) por producción local, para que esos fondos queden en el país y generen empleos, regalías provinciales, entre otras; o en qué marco de planificación se inscribe esta operación”.

“Se torna imperioso entonces acceder a la mayor cantidad de información posible sobre el asunto, con el firme propósito de garantizar la transparencia y la legalidad en el empleo de los recursos públicos y, de esta forma, garantizar la plena vigencia del sistema republicano y democrático”, remarcó Gil Lavedra.

Tras puntualizar que “el régimen de contrataciones públicas, cuyo principio general es la licitación pública con condiciones de transparencia muy estrictas, rige para todas las jurisdicciones y entidades del artículo 8 de la ley de Administración Financiera, que incluye de manera taxativa a las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, aunque no sean sociedades del Estado”, Gil Lavedra exigió que el PEN “iinforme pormenorizadamente cuáles fueron las razones de coyuntura excepcionales o regulares que justifican la decisión de realizar un acuerdo de contratación directa entre la compañía energética de la República Argentina, ENARSA y de Qatar, Qatargas”.

Asimismo requirió se brinde respuesta sobre “cuál es el marco legal sobre el que se sustenta la decisión de realizar el contrato, precontrato o acuerdo de intención de compra directa entre ENARSA y QATARGAS” y se responda “si existieron los dictámenes técnicos y jurídicos previos a la firma de este acuerdo”.

Exigió también se “explique cuáles fueron las razones de planificación estratégica consideradas que justifican el plazo de vigencia de 20 años del acuerdo” y que “considerando el valor total del contrato y el plazo de vigencia” se brinde explicaciones en torno a si “se evaluó realizar esa inversión localmente para desarrollar la matriz productiva local”.

Gil Lavedra reclamó en su proyecto que se remita al Congreso los dictámenes técnicos, estudios económicos y financieros realizados sobre la decisión de firmar un acuerdo entre ENARSA y Qatargas por la compra de gas natural licuado (GNL) y se indique si las obligaciones contractuales van a afrontarse con fondos propios de ENARSA SA o si bien se prevé asignar fondos del Presupuesto Nacional para cumplir con dichas obligaciones”.

Pidió que se brinde detalle sobre los estudios de mercado previos realizados a la firma de este acuerdo; se especifique mercados, empresas, precios, producción y proyecciones evaluadas y reclamó se responda si el acuerdo establece la construcción o ampliación de obras de infraestructura local, plantas regasificadoras. Gil Lavedra requirió se informe “si existen acuerdos adicionales entre el gobierno de la República Argentina y Qatar al respecto”.

Por último, en la serie de requerimientos al PEN, el titular de la bancada de diputados nacionales de la UCR pidió a través de la Jefatura de Gabinete se remita el listado de contratos “vigentes o no” de aprovisionamiento de gas natural licuado (GNL) entre la República Argentina y cualquier otra parte durante los últimos 20 años”.