Diputados del radicalismo denunciaron que el gobierno del Chaco transfirió una suma estimada en 233 millones de pesos al ex apoderado de la Fundación Madres Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, en el marco de construcción de viviendas sociales y centro sanitarios del programa Sueños Compartidos en esta provincia.

La denuncia fue presentada por los diputados provinciales Livio Gutiérrez y Sergio Vallejos, miembros del bloque opositor de la Alianza Frente de Todos, quienes aseveraron que la millonaria cifra fue transferida por la Tesorería del Gobierno del Chaco y que “Schoklender es quien personalmente cobraba ese dinero”.

“Ese dinero serviría para la construcción de 2.470 casas, si tomamos los costos establecidos para los planes Fonavi”, aportó, por su parte, el director de la Caja Municipal de Resistencia, Carlos Leunda, que acompañó a los legisladores radicales en la presentación de la denuncia que se hizo en el marco de una conferencia de prensa.

Leunda ratificó que la suma transferida por el gobierno del Chaco asciende a “casi 233 millones de pesos, es decir 57 millones de dólares”, y aseveró que 10 millones de pesos se pagaron con recursos provinciales correspondientes al denominado Fondo Sojero y 17 millones de pesos en concepto de determinación de precios “de no sabemos qué, dado que las obras están inconclusas”.

Los legisladores radicales explicaron que de las 500 viviendas que debían ejecutarse en el predio de “La Rubita” de la ciudad de Resistencia, “sólo se terminaron 40 y 118 están en ejecución”, aunque “la totalidad del dinero fue cobrada”.

“Estamos aportando más pruebas a esta megaestafa financiera y moral de la causa de la Fundación Madres Plaza de Mayo y su posible vinculación con el gobierno de (Jorge) Capitanich”, disparó el diputado Vallejos, quien recordó que semanas atrás el interbloque opositor promovió un proyecto de creación de una comisión investigadora en el ámbito del Poder Legislativo.

“Pese a que Capitanich dice que la causa Schoklender no tiene nada que ver con su Gobierno, sus propios legisladores se opusieron”, se quejó Vallejos.

Además, señaló que el Instituto de Viviendas de la provincia “se apartó como organismo de control” y se procedió a la creación en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la Unidad de Ejecución de Proyectos Especiales (UEPE) “sin capacidad técnica ni personal de control obras en el Chaco”.

Por su parte, el diputado Gutiérrez recordó que los legisladores nacionales que integran la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Nación confirmaron su presencia para sesionar el próximo martes en la provincia del Chaco, ante lo cual insistió en la necesidad de que los “intendentes convocados vengan para poder esclarecer los hechos”.