La historia de las conquistas sociales logradas por los trabajadores y las mujeres ha confluido en estos días en el escenario de la ONU: el primer Convenio Internacional sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, un tratado vinculante para los Estados destinado a asegurar los derechos de decenas de millones de empleados que comparten, como pocos, nuestra vida cotidiana.

Al aprobar el Convenio 189, y como guía práctica su Recomendación 201, el 16 de junio pasado en Ginebra, gobiernos, empleadores y trabajadores acordaron en la 100° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevar el sistema de normas de la organización a una franja clave de la economía informal.

¿De qué hablamos cuando hablamos de empleo en casas particulares? Primero, de entre 50 y 100 millones de trabajadores, más del 90 por ciento mujeres, según estadísticas relativas, por la propia condición informal del rubro. Personas que se ocupan de familias y hogares enteros, a veces durante toda una vida, pero en muchas partes del mundo sin los derechos básicos de otros trabajadores.

La OIT ha asumido que este tipo de trabajo continúa siendo en todo el mundo “infravalorado e invisible”, realizado principalmente por mujeres y hasta niñas, muchas de ellas migrantes y/o parte de comunidades desfavorecidas, particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, pero también a otros abusos de los derechos humanos.

A partir de ahora, la OIT estableció la obligación para los 183 Estados miembros de hacer cumplir horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos un día continuado, limitar los pagos en especie, informarles claramente sobre los términos y condiciones de empleo, asegurarles la libertad sindical y habilitar, finalmente, una negociación colectiva para el sector.

Nuestro país ha acertado doblemente, en este sentido, porque ha tomado nota del problema y le está dando una solución en el mismo sentido indicado por la OIT. Se estima que entre nosotros hay alrededor de un millón de trabajadoras en casas particulares, la gran mayoría en situación de informalidad. Un tercio de ellas son migrantes y más de la mitad sin estudios primarios completos, un colectivo que representa más de una quinta parte de las asalariadas del país, según estadísticas sindicales recientes, con base en la Encuesta Permanente de Hogares.

Como la propia OIT había reconocido, nuestro país había comenzado a tomar medidas que desde 2005 permitieron en el país pasar de unas 70.000 a más de 400.000 trabajadoras en casas particulares registradas en 2008.

Este tipo de empleo Estaba regido por un decreto de 1956. Pero en marzo de 2010, el gobierno envió un proyecto especial al Congreso Nacional para asegurar los derechos de esos trabajadores. Y este mes, al cabo de un año de debate, el Senado sancionó en general el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Cuando concluya el trámite parlamentario y se promulgue esta nueva ley, este trabajo tendrá su jornada limitada ocho horas máximo, no más de 48 a la semana y con un descanso, pago de horas extras y de francos trabajados, jornadas limitadas para personas de entre 16 y 18 años y, sobre todo, la prohibición de contratar a menores de 16 años. Además de las licencias por vacaciones y por maternidad e indemnizaciones que correspondieren.

Los derechos de las y los trabajadores de casas particulares ya tienen listo su reaseguro formal. Ahora, tenemos que mantener el mismo espíritu en la realidad cotidiana de nuestros hogares.

Jorge Argüello es embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.