El senador y candidato a jefe de Gobierno por el Frente para la Victoria le realizó el pedido en cuestión este lunes al juez federal que lleva la causa, Ariel Lijo.
El senador y candidato a jefe de Gobierno por el Frente para la Victoria (FpV), Daniel Filmus, solicitó ser querellante en la causa por la supuesta “campaña sucia” de las llamadas telefónicas mediante un pedido que realizó este lunes frente al juez federal que lleva la causa, Ariel Lijo.
Filmus, que competirá en el balotaje este domingo con el actual mandatario porteño, líder de Pro y vencedor de la primera vuelta, Mauricio Macri, realizó la presentación patrocinado por el ex titular de la Cámara Federal y ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián.
Lijo, que es subrogante de la juez con competencia electoral María Servini de Cubría, ahora tiene que definir si acepta el pedido del senador, ya que la causa se inició luego de una denuncia del vicepresidente del Partido Justicialista en la Ciudad, Juan Manuel Olmos.
Uno de los puntos del conflicto está relacionado con una encuesta que ligaba al padre del legislador kirchnerista, Salomón Filmus, con el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender.
La causa por presunta violación de las normas electorales impulsó los allanamientos avalados por el juez federal Ariel Lijo. Las tres empresas son TAG Continental, Connectic SRL y NSS, con domicilios en Libertad 1.240; en Talcahuano 446; y Virrey Ceballos 422, respectivamente.
En la conferencia que dio el jueves pasado que dio Filmus junto a su compañero de fórmula, que es el actual ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, ambos detallaron que la empresa Telecom fue la que informó que “la ruta de entrada de las llamadas provenía de la empresa Tag Continental” –una de las allanadas-, y explicó que el fundador de la misma es Rodrigo Lugones –según dice la página blog.marketingpoliticoenlared.com/-, aparece como director ejecutivo de Durán Barba y Asociados, que es la consultora política que lidera el asesor de Macri.
Tomada también señaló a otra empresa allanada, Connectic SRL, que está “contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar llamadas que dan resultados georeferenciales”, y agregó: “Me pregunto si esta campaña no fue generada con fondos públicos”.
Durante la conferencia, el ministro de Trabajo de la Nación destacó que “está comprobado que socios de Durán Barba, o sea Macri”, están directamente relacionados con la causa”, y manifestó: “No hubo un error. No es una casualidad, esto es el desprecio por el otro. No puede ser que valga cualquier cosa con tal de ganar”.
La ley 19.945 impone penas de hasta dos años de prisión para el que “despliegue actitudes engañosas que tiendan a inducir a otro a sufragar de determinada forma, o a abstenerse de hacerlo”.
