El Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que establece una indemnización a las víctimas del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.

Los legisladores, de esta manera, intentaron recuperar una iniciativa original que fue presentada hace dos años y medio pero que perdió estado parlamentario, ya que el texto fue aprobado en la Cámara alta y pasó a Diputados, que nunca lo trató.

Al momento de la votación en general, el texto en cuestión fue aprobado por unanimidad. En particular, las senadoras Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro se abstuvieron en el artículo 6. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser sancionada por Diputados.

El proyecto impone una reparación económica para los derechohabientes de los muertos, que se calculará multiplicando por 200 el sueldo de un agente Clase A “0” del Estado, que en la actualidad se estima en 9.012 pesos mensuales, es decir que la suma a pagar sería 1.800.000 pesos.

Además, la iniciativa detalla que los que hubiesen sufrido lesiones “gravísimas” -debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, por ejemplo- recibirán el 70 por ciento de ese monto; y los heridos “graves” -enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra, de la capacidad de engendrar o concebir-, un 60 por ciento.

El proyecto tendrá un agregado, ya que el legislador oficialista Guillermo Jenefes (Jujuy) pidió este martes, durante un plenario de las comisiones de Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda, que se exprese en el texto que el Estado deberá hacerse cargo de los costes de los abogados que fueron contratados por los familiares que iniciaron procesos judiciales.

El debate

La primera en hacer uso de la palabra fue la senadora del Peronismo Federal y titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, Liliana Negre de Alonso, que aseguró que “es lamentable que todavía las víctimas se encuentren recorriendo los pasillos de tribunales en busca de una reparación que este cuerpo le dio media sanción, pero caducó en Diputados”.

Negre de Alonso explicó que si en algunos de los procesos judiciales se cobró menos de lo que impone esta ley, se pagará la diferencia correspondiente, y detalló las diferencias entre las lesiones “graves” y “gravísimas”.

La cordobesa Norma Morandini cuestionó la “diferencia” entre las víctimas de la AMIA y las del terrorismo de Estado, ya que en estas últimas no se incluye, por ejemplo, el cargo de las costas de los procesos judiciales, y no se multiplica la suma por 200, sino por 100.