El diputado kirchnerista Hugo Prieto presentó un proyecto de ley que pone el ojo en el financiamiento de la fe católica: pretende que los eclesiásticos también presenten sus declaraciones juradas patrimoniales. Un nuevo cuestionamiento a la Iglesia.
Por Carolina Ramos
Tras cumplirse un año de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y con miras al inminente debate legislativo sobre la legalización del aborto, la Iglesia Católica en Argentina está en el ojo de la tormenta. El titular del bloque de diputados de la Concertación, Hugo Prieto, presentó un proyecto de ley donde propone que los arzobispos, obispos, obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado sean incluidos entre los funcionarios públicos obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. Algo impensado hasta el momento, ya que según el Decreto 1798, sancionado en 1980 durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, los dignatarios de la Iglesia Apostólica Romana “quedan eximidos de la obligación de declarar”.
Sin embargo, con la iniciativa del diputado neuquino, los eclesiásticos deberían presentar sus declaraciones juradas al igual que cualquier funcionario estatal, por percibir un sueldo proveniente de fondos públicos: “El proyecto trata de equiparar la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales a todos los dignatarios de la Iglesia que por distintas normas reciben sueldos importantes, desde el punto de vista de su facilidad económica, del Estado -explica el autor de la iniciativa-, tal es el caso de los obispos, arzobispos, y una serie que están detallados en el proyecto, todos fundados en normas del Gobierno militar y que oportunamente fueron aumentadas esas asignaciones por un decreto de Duhalde que es la única norma dictada durante períodos democráticos en relación al tema”.
Las leyes vigentes
En los fundamentos del proyecto, Prieto señala que “el 90 por ciento de las leyes que estipulan algún tipo de financiamiento a la Iglesia tienen origen en dictaduras militares”. Entre las leyes sancionadas por Videla y Martínez de Hoz, que rigen hasta hoy, se encuentran la Ley 21.950 de 1979 (de asignación mensual a obispos católicos), la Ley 22.430 (que establece igualmente una asignación mensual vitalicia para sacerdotes no amparados por un régimen oficial de previsión), la Ley 22.161 (sobre asignación mensual a curas párrocos de frontera), y la Ley 22.950 de 1983 firmada por el Reynaldo Bignone (de “sostenimiento para la formación del clero de nacionalidad argentina”).
¿Cómo se financia la Iglesia?
Es el Estado, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el que transfiere recursos para el sostenimiento de la Iglesia Católica. Cabe destacar que esta religión es la única de todos los credos que se profesan en el país que recibe aportes públicos para sostenerse. “En mi opinión -expresa Prieto- el Estado no debiera financiar ni a la Iglesia católica ni a ningún otro culto religioso”.
Sobre el alcance del proyecto, el diputado sostiene que “además tiene que disparar otro debate, que es el de la conveniencia o no de mantener una norma que está en la Constitución Nacional, y que requiere una reforma constitucional: el artículo 2, que dice que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Esto, según Prieto, “ha dado lugar a diversas interpretaciones: una es que es como una declaración de fe del Estado, cosa que es opinable en realidad; y otra, que también tiene su cuestionamiento, que dice que sostener es sostener económicamente, el entendimiento que los gobiernos militares han dictado estas normas, creo que también por razones políticas, pero lo cierto es que en algún momento va a tener que discutirse si no resulta anacrónica la última rémora, digamos, sobre la incidencia del Estado en la Iglesia, o más precisamente de la Iglesia en el Estado”.
Según el Presupuesto Nacional 2010, que fue prorrogado para este año, el dinero derivado al sostenimiento de la Iglesia es de 35.868.353 pesos, es decir, un 0,013% del dinero total. A pesar de ser una cifra menor, no hay que olvidar que la Iglesia goza de exenciones impositivas: los bienes y los fondos que recauda el clero están exentos del pago de distintos tributos de carácter nacional y provincial.
Entonces, para Prieto, su proyecto “tiene que ser disparador de un debate sobre otras cuestiones de mayor significancia. La primera es, una vez resuelto esto, el primer debate que debiera seguirle es sobre si se justifica que se mantenga, si es necesario, conveniente y posible, el pago de estas asignaciones a los jerarcas de la Iglesia”. Sin embargo, reconociendo las pocas sesiones que ha tenido la Cámara baja debido al contexto electoral, el titular del bloque de la Concertación cree que “seguramente van a quedar temas muy importantes en el resto del año parlamentario, incluyendo el propio presupuesto para el próximo año, de modo que veremos si lo podemos incluir en algún resquicio de su tratamiento”.
