Luego de casi dos años de esperar su tratamiento en el Senado provincial, el proyecto del diputado santafesino Joaquín Blanco (Frente Progresista Cívico y Social - Partido Socialista), que había sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, perdió estado parlamentario, por lo que el legislador insistió con la misma iniciativa a fin de poder regular el uso indebido del servicio de emergencias 911.

Cabe aclarar que, en la sesión del miércoles 5 de agosto de 2009, se había dado a esta iniciativa media sanción en la Cámara de Diputados, por voto unánime.

El proyecto fija una pena para aquellos que se comuniquen al 911 y realicen llamadas improcedentes o denuncias falsas. “Este sistema permite identificar al denunciante, ya sea que la llamada provenga del servicio de telefonía fija como móvil”, había sostenido el diputado socialista en aquel entonces.

“Ante la necesidad de contrarrestar los malos usos del servicio es que se había aprobado este proyecto de Ley”, aseguró Blanco, y propuso que “que este tipo de conductas figuren en el Código de Faltas de nuestra provincia es indispensable para que el servicio deje de ser objeto de burla o diversión de algunos ciudadanos irresponsables”.

Para provocar un cambio en la conducta de los infractores, el diputado explicó que “no sólo se establece la obligación de suspender el servicio telefónico en los casos en los que la llamada provenga de un teléfono móvil o fijo, sino también de sancionar con una pena pecuniaria (multa) o privativa de la libertad, como el arresto, según los casos”.

El socialista recordó que “el proyecto establece la obligación de las autoridades titulares del servicio de emergencia de notificar las infracciones al juez competente”. Además, se propende a un doble control: por un lado, la sanción hacia los infractores, y por otro, la obligación impuesta al funcionario público de notificar dichas infracciones.