Diputados avanzarán en una legislación para establecer la amnistía a personas que hayan participado en la lucha contra la instalación contra la instalación de plantas de celulosa. Además, abordarán un proyecto contra la criminalización de la protesta social.
Pasado el receso invernal, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para avanzar en el tratamiento de dos proyectos muy polémicos.
Por un lado, el cuerpo legislativo que preside el diputado cordobés Juan Carlos Vega (CC) abordará dos iniciativas para declarar amnistía a asambleístas de Gualeguaychú.
Uno de los proyectos lleva la firma de los diputados Atilio Benedetti, Ulises Forte, Ricardo Gil Lavedra, Elsa María Álvarez, Mariano Fiad, Gustavo Cusinato, Miguel Ángel Giubergia, Silvana Giudici, Juan Pedro Tunessi de la Unión Cívica Radical y de Elisa Carrió (CC), Lisandro Viale (PS), y Lidia Satragno y Federico Pinedo del PRO.
El segundo de los proyecto fue presentado por los enterrianos María Cremer de Busti y por Gustavo Zavallo del bloque del Peronismo Federal.
Además, la comisión debatirá un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social que en caso de aprobarse podrá ser debatido en el recinto de la Cámara baja.
La iniciativa en cuestión fue presentada por los diputados Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Margarita Stolbizer, María Virginia Linares y Fabián Peralta del GEN, y por los diputados de la Coalición Cívica Héctor “Toti” Flores, Fernanda Reyes y Fernanda Gil Lozano.
Además, el proyecto lleva la firma de los diputados de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano y Liliana Parada, del socialista Ricardo Cuccovillo, de Eduardo Macaluse (SI), Cecilia Merchán (Libres del Sur) y de la diputada de la UCR María Luisa Storani.
El proyecto de ley tiene por finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.
Para los diputados se trata de una “práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas”.
En este sentido la norma establece que “se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad” de diversas reivindicaciones sociales.
“Ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta”, expresan los diputados entre los fundamentos del proyecto.
Para los legisladores, “la judicialización de la vida en sociedad significa la derrota definitiva de la política como forma de organización social”.
“Según informan diversos organismos de derechos humanos son más de 5.000 las personas que actualmente padecen persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos y aspiraciones. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales”, sostiene los diputados en el proyecto.
El encuentro se llevará a cabo este martes a las 15.30 en la Sala 4 del edificio Anexo de la Cámara de Diputados.
