María Cremer de Busti y Atilio Benedetti pidieron avanzar con la legislación correspondiente, que se vio postergada por falta de quórum.
Por falta de quórum, la Comisión de Legislación Penal no pudo abordar la legislación para establecer la amnistía a los asambleístas de Gualeguaychú y el proyecto contra la criminalización de la protesta social.
En efecto, solo asistieron el presidente de la comisión, Juan Carlos Vega (CC) y los diputados Horacio Alcuaz (Gen), Fernanda Gil Lozano (CC), Oscar Albrieu (FpV), Atilio Benedetti (UCR), María Cremer de Busti (PF) y Gustavo Cusinato (UCR).
En este marco, el entrerriano Atilio Benedetti pidió avanzar en la legislación para declarar la amnistía a los activistas “comprometidos con el medio ambiente que injustamente están siendo sometidos a un proceso judicial sin sentido”.
“No se sabe en qué momento la protesta pasó de ser un reclamo social y políticamente legítimo, una verdadera causa nacional, a una acción criminal”, dijo Benedetti.
En este sentido, el diputado solicitó a la comisión insistir en el tratamiento del tema y “no resignar esfuerzos, ante la falta de quórum para aprobar el proyecto”.
Además, Benedetti agregó que “el proyecto viene a hacer justicia, porque intenta llevar tranquilidad a compatriotas comprometidos fuertemente con el medio ambiente y con su comunidad, que están siendo sometidos a un proceso judicial que no tiene sentido que continúe”.
Así, aclaró que “de ninguna manera esta iniciativa tiene por objeto otorgar indulto alguno (lo cual implicaría el reconocimiento de delito pero se lo exime del cumplimiento de la pena) sino, el impedir la criminalización del reclamo que fue realizado por los asambleístas de Gualeguaychú con la convicción de que se trataba de una defensa de intereses nacionales”.
“Las acciones fueron realizadas en ejercicio de legítimos derechos, en un contexto de conflicto internacional y que fuera declarado por el entonces presidente Néstor Kirchner (teniendo a su cargo el manejo de las relaciones exteriores) una causa nacional en defensa del medio ambiente”, concluyó Benedetti.
Por su parte, la diputada María Cremes de Busti, esposa del ex gobernador entrerriano, recordó que “gracias a las protestas, Ence, la empresa española, desistió en su intención” y que la lucha actual “sea hace por la papelera Botnia que desemboca en el Río de la Plata” cuya “angostura no fue tenida en cuenta”.
“Se está intimando a los que defienden el medio ambiente que son los llamados asambleístas, cuyo método fue pacífico, cortando la ruta”, remarcó la diputada entrerriana.
En ese sentido, Cremer destacó que “estamos viendo si las papeleras de Europa contaminan” y se mostró preocupada por la renuncia de un “científico encargado de hacer el control por ciertas diferencias”.
Los temas postergados
Por un lado, el cuerpo legislativo que preside el diputado cordobés Juan Carlos Vega (CC) tenía previsto abordar dos iniciativas para declarar amnistía a personas que hayan participado en la lucha contra la instalación contra la instalación de plantas de celulosa.
Uno de los proyectos lleva la firma de los diputados Atilio Benedetti, Ulises Forte, Ricardo Gil Lavedra, Elsa María Álvarez, Mariano Fiad, Gustavo Cusinato, Miguel Ángel Giubergia, Silvana Giudici, Juan Pedro Tunessi de la Unión Cívica Radical y de Elisa Carrió (CC), Lisandro Viale (PS), y Lidia Satragno y Federico Pinedo del PRO.
El segundo de los proyecto fue presentado por los enterrianos María Cremer de Busti y por Gustavo Zavallo del bloque del Peronismo Federal.
Además, la comisión tenía previsto debatir un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social que en caso de aprobarse podrá ser debatido en el recinto de la Cámara baja.
La iniciativa en cuestión fue presentada por los diputados Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Margarita Stolbizer, María Virginia Linares y Fabián Peralta del GEN, y por los diputados de la Coalición Cívica Héctor “Toti” Flores, Fernanda Reyes y Fernanda Gil Lozano.
Además, el proyecto lleva la firma de los diputados de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano y Liliana Parada, del socialista Ricardo Cuccovillo, de Eduardo Macaluse (SI), Cecilia Merchán (Libres del Sur) y de la diputada de la UCR María Luisa Storani.
El proyecto de ley tiene por finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.
Para los diputados se trata de una “práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas”.
En este sentido la norma establece que “se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad” de diversas reivindicaciones sociales.
“Ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta”, expresan los diputados entre los fundamentos del proyecto.
Para los legisladores, “la judicialización de la vida en sociedad significa la derrota definitiva de la política como forma de organización social”.
“Según informan diversos organismos de derechos humanos son más de 5.000 las personas que actualmente padecen persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos y aspiraciones. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales”, sostiene los diputados en el proyecto.
