La Cámara baja no logró quórum para abordar modificaciones a ley de Educación Superior y tratar el proyecto con media sanción en el Senado para reglamentar las universidades extranjeras.
La Cámara de Diputados postergó el tratamiento de las iniciativas legislativas sobre educación superior. La Comisión de Educación tenía previsto tratar un extenso temario entre los que se encontraban modificaciones a ley de Educación Superior y el proyecto con media sanción en el Senado para reglamentar las universidades extranjeras, y un régimen Educación Alimentaria y Nutricional.
En efecto, el cuerpo legislativo que preside Adriana Puigross (FpV) contó con la presencia de seis legisladores, entre ellos, los oficialistas Alberto Pasini, Margarita Ferrá de Bartol, y Verónica Benas (SI). Hasta el momento la Comisión de Educación no ha reprogramado la reunión.
Entre los proyectos más importantes, la comisión tenía previsto abordar una iniciativa sobre “implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior”.
Se trata de un proyecto del bloque del Frente para la Victoria que pretende modificar y complementar a la actual ley de Educación Superior, sancionada en 1995, y que fue presentado por Adriana Puigross, Agustín Rossi, Carmen Nebreda, Stella Maris Leverberg, María Eugenia Bernal y Ruperto Godoy.
Además, lleva la firma de las diputadas Viviana Damilano, María Julia Acosta, Ana Luna de Marcos, Marta Quintero, María Pilatti Vergara, Ariel Pasini y Mariel Calchaqui.
Otro de los temas previstos era la norma con media sanción en el Senado que apunta a la regulación del funcionamiento de las universidades extranjeras.
En el primer artículo del proyecto se detalla que “las instituciones universitarias extranjeras que aspiren a conformarse en carácter de instituciones universitarias privadas en la República Argentina deberán constituirse como entidades sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundación”.
También se manifiesta que “quienes integren el órgano de gobierno y administración de la fundación o asociación civil deberán ser argentinos nativos o nacionalizados con al menos cuatro años de antigüedad, en una proporción no inferior al 75 por ciento de sus miembros activos”.
El artículo finaliza manifestando: “Previa a toda otra tramitación, el Ministerio de Educación dará vista al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el que emitirá opinión respecto a la consistencia de la presentación con los lineamientos de política exterior de la Nación”.
