El oficialismo en la Cámara de Diputados bonaerense sancionó una serie de proyectos sobre seguridad pedidos a la Legislatura por el Gobierno de Daniel Scioli a fines de 2010.

Entre ellos, se encuentra la iniciativa que busca descentralizar el tribunal de Casación, iniciativa fuertemente resistida por la oposición y por los propios integrantes de la Justicia.

La iniciativa sancionada por la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires propone reformas a la Ejecución Penal estableciendo la compatibilización con el régimen nacional de todos los institutos relacionados con la extensión, consistencia o modalidad de cumplimiento de la pena.

Entre ellas se incluye la oralización de las decisiones trascendentes de la etapa de ejecución; la taxatividad legal y el control jurisdiccional efectivo sobre las sanciones disciplinarias a internos así como la caducidad registral de los antecedentes sancionatorios.

También establece el carácter vinculante de los informes criminológicos; la revisión semestral obligatoria y audiencia oral de la continuidad de las medidas de seguridad; la creación de secretarías de control, en cada juzgado de ejecución; la separación de funciones dentro del Patronato de Liberados y por último, la afirmación de la garantía del juicio previo para la imposición de medidas de seguridad.

Además, la Cámara baja provincial sancionó la iniciativa por la cual se establecen cupos laborales para liberados de establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa, busca promover la reinserción social de personas privadas de la libertad estableciendo con un cupo laboral del 2% de la Administración Pública Central para los liberados e invitar a los municipios a hacer lo propio.