Las afirmaciones del diputado de la Coalición Cívica, Walter Martello, quien aseguró que de los 28 mil detenidos que se registran en la Provincia un 80% tiene algún tipo de adicción, generó una controversia con funcionarios de Justicia y Seguridad provincial quienes desestimaron esos datos y acusaron al diputado de generar “un clima de alarma en la población”.

La investigación reveló, además, que de los 28 mil presos, el 54% tiene entre 21 y 30 años y el 95% proviene del Gran Buenos Aires. De todos ellos, el 55% al ingresar en el penal estaba desocupado, el 28% tenía un trabajo en forma irregular, el 56% no tenía oficio ni profesión frente a un 37% que sí. En cuanto a la educación, el 54% terminó sus estudios primarios y sólo el 4% completó sus estudios medios.

Con respecto al perfil del interno bonaerense que expresan las estadísticas, se destaca que “hay factores socioculturales que inciden en la agresividad de los presidiarios: más de la mitad de los presos reconoce que consume drogas; la mayoría no logró completar el ciclo escolar primario, poseen escasa o nula experiencia laboral; son reactivos a la autoridad y presentan problemas de integración social; son incapaces de elaborar planes a futuro; y sufren situaciones personales de disgregación familiar”.

Según el informe difundido por el diputado opositor es “alarmante” el alto consumo de psicofármacos por parte de la población carcelaria y la “escasa cantidad de psiquiatras para prescribir este tipo de medicamento, sumamente adictivo”. Dijo, por ejemplo, que se destinó un psiquiatra para atender las poblaciones de tres cárceles compuestas por 2.454 reclusos, y otro para ocuparse de cuatro unidades con un total de 4.188 internos.

Siempre según la misma fuente, la superpoblación carcelaria es cercana al 31% ya que para la totalidad de los reclusos se hallan 19 mil plazas distribuidas en 39 penales. Este colapso carcelario está ligado a la insuficiente infraestructura, a la restricción de las excarcelaciones, que provoca cada año el ingreso de 2.000 presos al sistema; y a una partida de fondos que ronda el 2% del presupuesto provincial.

A su vez en el documento se destaca que en territorio bonaerense los menores cometen 76 delitos por día y que más de 13 mil jóvenes se vieron involucrados en causas penales en los primeros seis meses del 2011. “Hablamos de jóvenes y debemos reflexionar acerca de la gravedad de la edad de inicio de estos chicos en el delito, que en algunos casos ronda los 12 años. Cuál es el próximo paso: ¿Bajar la edad de imputabilidad a 11 años? Por supuesto que no” afirmó el legislador de la CC.

De la investigación se desprende que el Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con una única Comunidad Terapéutica en la Unidad 18 de Gorina con capacidad para 396 internos, quienes en libertad quedan al libre albedrío.

El informe da cuenta de que uno de los principales problemas es la falta de un programa que le pueda hacer frente a las adicciones. En este sentido se advierte que “si no damos un paso en esta dirección, es impensable que estas personas privadas de libertad puedan reincorporarse a la sociedad sin reincidir en el delito. La rehabilitación de los internos es condición sine qua non y un deber del Estado para hacer frente a la inseguridad”.

Quien salió al cruce de estas declaraciones y de la difusión del informe fue el subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, quien explicó que “a la fecha tenemos menos detenidos en nuestros centros de detención que en el año 2005”, y agregó que “hay siete unidades terapéuticas para atender las adicciones”.

A su vez, el funcionario señaló que “el 75 por ciento de los reclusos, obviamente muchos, tuvieron durante su vida algún contacto con drogas o el alcohol y el Estado provincial cuenta, dentro de la temática de asistencia de adicciones, con 2.100 profesionales de la salud que trabajan en todas las unidades carcelarias: en cada unidad, existen asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras”.

“Por otra parte, disponemos específicamente de comunidades terapéuticas en los pabellones para la atención de las adicciones, tal como acontece por ejemplo, en las unidades de Mar del Plata, Bahía Blanca o Junín”, resaltó el funcionario, quien descartó de plano las cifras de Martello.