El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, y su par del Senado, Gerardo Morales, solicitaron al inspector general de Justicia, Marcelo Mamberti, un “pronto despacho para la inmediata intervención de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en razón de las graves irregularidades, de público y notorio conocimiento, que están siendo investigadas respecto del manejo de fondos públicos por parte de esa entidad”.

Gil Lavedra y Morales reclamaron a Mamberti sobre la solicitud presentada el pasado 30 de junio, ya que “existe una demora evidente e injustificada de ese organismo que, hasta la fecha, se encuentra pendiente de resolución”.

Además, los radicales añadieron que ese organismo “no avanzó en la investigación requerida, ni resolvió nuestro pedido” y que “se limitó a agregar nuestro escrito a la información sumaria Nº 1757199 – 4018704 instada de oficio” por la Inspección a cargo de Mamberti, que “tampoco adoptó medida alguna más allá de requerir información contable a la entidad”.

“La ausencia de decisión de ese organismo ha determinado que se produzcan conflictos y reclamos de los trabajadores en procura del pago de sus salarios, habida cuenta de que la fundación no se encuentra en condiciones de administrar los cuantiosos fondos estatales que recibe”, expresó Gil Lavedra.

En este sentido, añadió que no hubo ninguna intervención o acción directa adoptada por el inspector para cumplir los deberes a su cargo, respecto de un hecho que “afecta los derechos de todos los argentinos al estar en juego recursos del Estado Nacional”.

Asimismo, ambos legisladores alertaron sobre “la gravedad de los acontecimientos que se han perpetrado al amparo del programa Sueños Compartidos, utilizando como vehículo a la Fundación Madres de Plaza de Mayo”.

Morales y Gil Lavedra reclamaron que estos hechos “requieren de una investigación seria a la luz de la desconfianza en el manejo de los fondos públicos que han calado en todo aquel que viva en nuestro país y se interese mínimamente por los asuntos públicos”, y advirtieron que “esa inspección, incumpliendo el mandato legal, obra con una morosidad inexplicable, al margen de la urgencia pública que significa la posibilidad de un ilícito de la magnitud que se sospecha”.

“Los ciudadanos se preguntan por qué razón sigue funcionando normalmente una entidad que de una manera tan palmaria ha contrariado su objeto social y ha podido servir de canal para la dilapidación de los recursos públicos”, manifestaron.

Por eso, remarcaron que “resulta evidente que la fundación no está en condiciones de desarrollar su actividad normalmente y que la ley pone a cargo de la Inspección General, precisamente, intervenir en aquellos casos en que los entes bajo su vigilancia tengan inconvenientes en su desempeño, comprometiendo el interés público”.

“Mantener esa desidia –continuaron- no puede ser, a esta altura, una simple negligencia burocrática. Parecería, por el contrario, que existe una deliberada decisión política de otorgar impunidad a quienes violaron la ley, esa indebida omisión compromete la responsabilidad del funcionario al que le compete actuar en defensa de la legalidad y el interés público”.

Los radicales apuntaron a la responsabilidad de los funcionarios, la cual “surge tanto por lo que hacen incorrectamente como por lo que dejan de hacer”.

“No hay discrecionalidad alguna que pueda excusar la adopción de las medidas urgentes que el caso exige porque, de lo contrario, no viviríamos en un Estado de Derecho sino en un Estado de Arbitrariedad. Es preciso que la Inspección de Justicia cese en su omisión y ejerza todos los instrumentos que le otorga la ley en defensa de los intereses de la sociedad toda”, resaltaron Gil Lavedra y Morales.