Sería injusto imputar a la proliferación de partidos la incapacidad de muchos de ellos de ser correa trasmisora de las demandas de la sociedad, y lo que es peor, su impotencia para integrar a la política a la ciudadanía que tal vez quisiera hacerlo. La verdad es que en los partidos políticos, donde no se hacen elecciones internas más que raramente, es muy difícil hacer política, porque han devenido “clubes de admiradores” de algún personaje en torno al cual giran, como se los definió recientemente de manera acertada. El “Club de Admiradores” contemporáneo es el último avatar de la decadencia de los partidos de notables de fines del siglo XIX, que se armaban nada más que para llevar al poder a algún personaje prócer y luego entraban en estado de hibernación.

¿Sirve para revitalizar a los partidos el sistema de primarias abiertas obligatorias y simultáneas que instaura la nueva ley?

Dando por sentado, naturalmente, que el objetivo de los redactores de la ley fue ese y no algún oscuro –y dudoso- beneficio electoral, no parece que sea el camino adecuado.En primer lugar la participación forzada no es verdadera participación y en segundo término la selección de candidatos a cargos electivos de un partido debería ser reservada a los afiliados y militantes de ese partido, no a los ajenos.-

Habrá que ver, el año próximo, cuál será el efecto de la participación forzada en una interna partidaria sobre una ciudadanía cada vez más escéptica sobre la capacidad de la política para solucionar sus problemas cotidianos.

Para quienes pensamos que la existencia de partidos sólidos, con una vida política activa y en condiciones de competir verdaderamente por los cargos electivos es sano para el sistema democrático, las restricciones a la constitución de partidos sin suficiente base electoral, simples sellos que alguna vez se han hecho sospechosos de no existir más que usufructuar los aportes del Fondo Partidario, son por definición buenas.

En este sentido, muchos de los partidos políticos reconocidos al calor de la ley 23.298 (anterior a la ley actual) carecieron de toda capacidad de influir en la realidad política nacional y fueron meros experimentos electoralistas, que lograban eludir las cláusulas de caducidad del artículo 50 de la ley mediante la oportuna inclusión en alguna alianza transitoria.-

Si un partido político, independientemente de que tenga reconocimiento legal como tal, no puede alcanzar un éxito electoral que le permita cumplir el fin último de todo partido, que es proponer –de manera exitosa- candidatos a cargos electivos que expresen las demandas de un sector social determinado, no es realmente más que un grupo de opinión, cuya existencia puede ser muy legítima y beneficiosa para el cuerpo social, pero que no debe ser asimilado a un partido político.- Conviene dejar claro que la condición de “sello”, no es de ningún modo sinónimo de partido chico.

La historia política argentina debe mucho a partidos chicos que, con una activa militancia y claras posturas ideológicas, son representativos de sectores importantes del electorado y alcanzaron bancas en el Congreso, como el Socialismo en todas sus variantes, el MID, el Partido Intransigente, los partidos provinciales y muchos más, que no por no ser mencionados son menos importantes.

Es en la elección de candidatos a cargos electivos que se aplicará el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en el que deberán votar todos los electores y se aplicará el padrón que habrá de utilizarse en la elección general. Los partidos deberán presentarse a las internas aun en el caso en que se presente a competir una sola lista. A primera vista no parece razonable una elección en la que compita una sola lista, pero esta exigencia juega con la del artículo 45 de la ley 26.571, que establece que solo podrán participar en las elecciones generales las agrupaciones que hubieran obtenido como mínimo un total de votos, considerando los de todas sus listas internas superior o igual al 1.5% de los votos validos emitidos en el distrito de que se trate.
Es este requisito, más aún que las exigencias de adecuación a la nueva ley en materia de afiliaciones partidarias, el que plantea dificultades graves a los partidos chicos.

La posibilidad de que un candidato lo fuera por más de un partido al mismo tiempo o para más de un cargo –cosa que pasaba no pocas veces- era viable dentro del marco de la ley 23.298 y no hacía ningún bien al sistema representativo porque daba la impresión de que esos candidatos eran, en realidad, oportunistas. Hubiera sido bueno que conjuntamente con este artículo se hubiera incluido algún tipo de sanción –una inhabilitación, por ejemplo- a los candidatos que no asuman las bancas para las que fueron elegidos, para acabar también con las llamadas “candidaturas testimoniales”, que no son otra cosa que un fraude a la voluntad del elector.-

La ley 26.527 es de una importancia institucional enorme y no sé si es válido hacer un juicio de valor de ella desde un punto de vista simplemente jurídico, diciendo que es desordenada en su redacción y confusa en algunos aspectos importantes, porque sus consecuencias exceden ese marco.

De la Fuente es abogado, ex director nacional Electoral y colaborador de elDial.com