Un grupo de diputados nacionales presentaron un proyecto de ley para regular las acciones de clase, las que evitarán que todos los individuos integrantes de un grupo afectado (por ejemplo, jubilados, usuarios y consumidores, medio ambiente, etcétera) se vean obligados a concurrir a la Justicia a reclamar individualmente por sus derechos.

Basta conque uno solo de ellos accione, en representación del resto, para que los demás se beneficien con la sentencia que protege sus derechos y puedan exigir su cumplimiento.

Este tipo de acciones que tramitarán por el procedimiento ordinario y procede cuando “se afectan derechos individuales homogéneos divisibles y existe un hecho único o continuo, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea”.

De esta forma la acción de clase permite a los titulares de los derechos afectados interponer una única acción en la que se plantee la defensa sobre los aspectos comunes de toda la clase y obtener una sentencia con alcances erga omnes”.

La iniciativa lleva las firmas de Ricardo Gil Lavedra; Ricardo Alfonsín y Juan Pedro Tunessi, todos (UCR); Patricia Bullrich (CC); Carlos Favario (Demócrata Progresista); Laura Alonso (PRO); Gustavo Ferrari (Peronismo Federal); Paula Bertol (PRO) y Oscar Albrieu (FPV).

Al respecto, Gil Lavedra precisó que “la acción de clase es admisible siempre que se verifiquen las siguientes condiciones: Que la cantidad de personas que integran la clase sea tan numerosa que un litisconsorcio activo necesario o facultativo o una acumulación de procesos resulte impracticable o sumamente dificultosa; Que el derecho individual homogéneo, considerado aisladamente, no justifique o no permita la promoción de una demanda”.

Asímismo, “que la clase sea definida o susceptible de serlo, en forma objetiva; Que la representación de la clase sea adecuada; Que exista un hecho o acto o un conjunto de hechos o actos, emanados de autoridad pública o de particulares que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales homogéneos; Que la pretensión se circunscriba en la afectación de los aspectos comunes de toda la clase”.

En este marco, Gil Lavedra remarcó los beneficios que este tipo de acciones conllevarán para el servicio de justicia, que mejorará sustancialmente: “la tramitación de una única causa en la cual se debate la afectación de derechos individuales homogéneos generados por un mismo hecho o acto y la extensión de la sentencia erga omnes tiene importantes efectos para promover la mejora en el acceso a la justicia, la reducción del dispendio de recursos humanos y materiales que insume a la administración de justicia la multiplicidad de causas por un mismo hecho, evita el riesgo de que se produzcan sentencias contradictorias e incrementa la seguridad jurídica”.

“Respecto al acceso a la justicia, esta forma de intervención resuelve el problema de acción colectiva del grupo. En muchos casos, la falta de reclamo individual se produce porque el costo de la acción es mayor al del daño. Por eso, la acción colectiva permite disminuir los costos individuales de presentar la acción”, dijo Gil Lavedra.

“Asimismo, la mejora en el acceso a la justiciase verifica porque no es necesaria la intervención de todos los afectados para que la sentencia los alcance, basta con no ejercer el derecho de exclusión para ampararse en la sentencia. Por ello, un habitante que por falta de educación jurídica -que puede redundar en un desconocimiento de sus derechos, de cómo y/o dónde reclamarlos o bien en la falta de disposición de tiempo o recursos para hacerlo- puede ver su derecho reparado”, explicó Gil Lavedra.