El mundo está inmerso en la peor crisis económica desde el crack del ’29. El estallido de la burbuja creada por las hipotecas subprime a comienzos del 2008 reflejó el fin de un ciclo dominado por el capital financiero en detrimento del capital productivo. Observamos que las economías de los países centrales -donde se originó la crisis- entran en recesión, las bolsas del mundo caen estrepitosamente, aumenta el desempleo, se estanca la actividad económica y afloran las protestas sociales. Frente a esta situación, el establishment económico propone el mismo recetario de ajuste que el Consenso de Washington -de la mano de los organismos financieros internacionales como el FMI y el BM- impuso a los países emergentes durante la década del ’90 con sus ya conocidas consecuencias sociales y económicas que, en la Argentina, condujeron al desastre del 2001.

El orden político internacional comienza a resquebrajarse –junto al ideario neoliberal que le dio sustento teórico- y sobresale la ausencia de un liderazgo fuerte que apuntale su restauración. En este contexto, se abre una gran oportunidad para el diseño de estrategias nacionales y regionales con un mayor grado de autonomía que resguarden a los Estados y a sus ciudadanos frente a los vendavales externos.

Desde esta perspectiva, los jefes y jefas de Estado de los países que integran la UNASUR han acordado, en la última cumbre realizada en Lima, la necesidad de elaborar un conjunto de medidas comunes para hacer frente a la crisis y blindar a la región de los inevitables coletazos que aquella traerá aparejados.

Con este espíritu se creó el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas. En su primera reunión en Buenos Aires se acordó un plan de medidas que busca garantizar la independencia económica de la región, reducir su vulnerabilidad externa y dinamizar los procesos de desarrollo en vistas a profundizar la integración.

Entre las medidas acordadas se destacan: la puesta en marcha de un fondo latinoamericano de reservas; incentivar el comercio intra-regional; tender hacia la complementariedad productiva; impulsar el uso de monedas locales para el comercio entre los países del bloque; fortalecer a la Corporación Andina de Fomento (CAF); y acelerar el lanzamiento del Banco del Sur, organismo que permitirá el financiamiento a largo plazo de proyectos que generen avances en la soberanía alimenticia, energética, de la salud, de los recursos naturales y del conocimiento.

En el caso particular de la Argentina, uno de los ejes fundamentales de la política exterior llevada a cabo desde el año 2003, ha sido el estrechamiento de los vínculos con los países de la región y el fortalecimiento del Mercosur y la UNASUR. En el plano doméstico, hemos impulsado el desarrollo económico con inclusión social, priorizando el sostenimiento del mercado interno, de la actividad y, fundamentalmente del empleo.

Estas políticas activas nos han permitido atravesar los coletazos de la crisis internacional en mejores condiciones que otros países que todavía no han aprendido la lección y aún hoy apuestan a las políticas de ajuste. Estamos convencidos de que éste es el camino correcto y en esa dirección seguiremos trabajando para profundizar este modelo de país y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.

Godoy es diputado nacional por San Juan y parlamentario del Mercosur