Pese a la ausencia del oficialismo, la Comisión de Legislación Penal aprobó las iniciativas para establecer la amnistía a quienes hayan participado en la lucha contra la instalación de plantas de celulosa. Sin embargo, advierten la voluntad del FpV de trabajar el tema.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja emitió dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, por el cual se establece la amnistían a aquellas personas que hayan participado en la lucha contra la instalación de plantas de celulosa.
En rigor, fue la tercera vez que el cuerpo que preside Juan Carlos Vega (CC) pone en temario estas iniciativas, que no pudieron avanzar por falta de quórum y ante la ausencia de legisladores del oficialismo.
Los proyectos en cuestión fueron presentados por los entrerrianos María Cremer de Busti (PF) y Atilio Benedetti (UCR); los cuales son acompañados por Gustavo Zavallo (PF), el primero; y por Ulises Forte, Ricardo Gil Lavedra, Elsa María Álvarez, Mariano Fiad, Gustavo Cusinato, Miguel Ángel Giubergia, Silvana Giudici, Juan Pedro Tunessi de la Unión Cívica Radical y de Elisa Carrió (CC), Lisandro Viale (PS), y Lidia Satragno y Federico Pinedo del PRO, el segundo.
La molestia con el Frente para la Victoria se mostró al punto tal que los diputados remarcaron las contradicciones del Gobierno nacional para con los asambleístas de Gualeguaychú. Empero, no faltaron las disidencias al interior de la oposición.
Luego de pasar a la firma de los dictámenes, el diputado Horacio Alcuaz (Gen) advirtió las pocas posibilidades de que la amnistía a los asambleístas avance debido a la falta de apoyo del Frente para la Victoria y remarcó en tanto la necesidad de avanzar en un proyecto de su autoria contra la criminalización de la protesta social.
Para el diputado, los proyectos de amnistía “tienen escasas chances de que puedan ser tratados”, dado que tienen giro a la Comisión de Asuntos Marítimos y Fluviales que preside el oficialismo.
En cambio, recordó que su proyecto, que “abarca los procesos a lo largo y a lo amplio del país”, tiene giro solo a la Comisión de Legislación Penal por lo que en caso de aprobarse podría se tratado directamente en el recinto.
En efecto, la norma de Alcuaz tiene por finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.
“Ojalá me esté equivocando y pueden tener tratamiento en otras comisiones”, concluyó el diputado del Gen, quien además advirtió el tono “electoralista o propagandístico” que podrían adquirir las iniciativas a lo largo de su tratamiento.
Por su parte, Atilio Benedetti negó que los proyectos sean usados con fines electorales y criticó al Gobierno nacional por las contradicciones sobre el tema: “El Gobierno alentó una protesta legítima pero valga a saber porqué después la criminalizó”, expresó el diputado entrerriano.
Del mismo modo, Cremer de Busti sostuvo que “esto no es un motivo del momento ya que llevamos este pedido desde hace muchos años” y la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda (Libres del Sur), consideró que esta “es una situación de suma urgencia como el de otros luchadores sociales y populares”.
A esto, tanto Donda como Vega y Ricardo Gil Lavedra (UCR), apoyaron los fundamentos del proyecto de Alcuaz.
