A lo largo de un debate de cuatro horas, diversos diputados nacionales analizaron los proyectos presentados para limitar la extranjerización de tierras rurales, centrándose principalmente en la iniciativa enviada al Congreso por Cristina Fernández de Kirchner.

En el marco de un encuentro convocado por la Comisión de Legislación General, diputados de todo el arco político coincidieron en la necesidad de una norma sobre el tema, aunque plantearon numerosas críticas al proyecto del Ejecutivo. Y para sorpresa de muchos, las objeciones surgieron tanto desde la oposición como del propio oficialismo.

Pero los diputados no pudieron emitir dictamen alguno ya que, por cuarta vez en el año, los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería, Graciela Camaño (Peronista) y Juan Casañas (UCR), respectivamente, no convocaron a sus respectivos cuerpos, si bien muchos de sus miembros asistieron al encuentro.

Precisamente, la titular de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), recordó que, según el reglamento de la Cámara, los dictámenes solo pueden ser emitidos a partir de un plenario constituido por todos los cuerpos con competencia en el tema.

Por tanto, los legisladores decidieron consensuar un plenario para la semana que viene con los titulares los otros cuerpos, y que en caso de que los mismos se vuelvan a negar, plantearan el debate en el recinto.

Aún así, lo cierto es que los diputados se dieron tiempo para un debate poco común en la Cámara, caracterizado por el diálogo, la amplitud, la autocrítica y las intenciones de consensuar una ley al respecto.

Las posiciones de los legisladores

Muchos legisladores expresaron su alegría por el tratamiento legislativo para limitar la extranjerización de tierras rurales. Entre ellos, Susana García (CC) recordó que el proyecto de su compañera de banca Elisa Carrió (CC) cumple en agosto nueve años de su presentación, y el diputado y dirigente de la Federación Agraria Pablo Orsolini (UCR) solicitó a la Cámara “que se tome el tiempo necesario para poder debatir y consensuar”.

Autor de una de las iniciativas, Orsolini remarcó la necesidad de debatir sobre un tema en el que “se juega parte de la soberanía del país”.

Otra de las autoras y críticas del proyecto del Gobierno, Verónica Benas (SI), recordó las objeciones que había planteado a la iniciativa oficial en oportunidades anteriores. Entre ellas, la diputada santafesina pidió proteger los bosques nativos y los recursos acuíferos; pidió negar la venta de tierras en zonas fronterizas; y planteó la necesidad de conocer “cuántas y en manos de quién” están las tierras.

Además, consideró “excesivo” el 20 por ciento establecido como límite a la titularidad extranjera de la tierra por el proyecto del Ejecutivo, ya que “actualmente hay entre un siete y un diez en manos de extranjeros”.

Por su parte, Federico Solá (PF) aconsejó “debatir los proyectos en el marco de la situación agropecuaria del país” y pidió precisar la legislación correspondiente sobre algunos puntos del proyecto del Gobierno.

En concreto, Solá pidió reemplazar el artículo nueve referido al límite de hectáreas que puede adquirir un extranjero: “Sale de la razonabilidad con la que viene siendo escrita la ley”, opinó.

Además, el diputado consideró que “los 180 días para realizar el registro nacional de tierras es absolutamente imposible” a la vez que remarcó que “es difícil opinar del tema sin un relevamiento”.

“Los socialistas creemos que es indispensable abrir el debate sobre la extranjerización de nuestro suelo”, declaró el titular del Partido Socialista en la Cámara baja, Lisandro Viale.

Al igual que Solá, Viale sostuvo que “para abordar una discusión sería es necesario una radiografía que no contempla el proyecto del Ejecutivo” y recordó la iniciativa de su autoría para crear una nueva ley de Catastro.

Además, el diputado socialista consideró que “es una barbaridad q ue el Congreso se aparte del debate sobre tierras fronterizas”, punto no contemplado por el proyecto oficial.

Margarita Stolbizer (Gen) manifestó el apoyo general a la iniciativa, con reservas respecto de los contenidos del proyecto oficialista que no contemplan en su articulado los objetivos compartidos.

“La prohibición a las personas físicas extranjeras implica una discriminación si el régimen no contempla de manera diferenciada a los extranjeros residentes, a quienes la Constitución y las leyes reconocen derechos equiparables a los nacionales, hasta incluso, derechos políticos”, expresó la diputada.

Para la líder del Gen “la perspectiva de la soberanía no puede reducirse a una mera contradicción entre lo nacional y lo extranjero, sino a la supremacía del interés común por sobre los particularismos, especialmente corporativos, de cualquier nacionalidad”.

“En la actualidad existen muchos emprendimientos, por ejemplo, los mineros, con gobernadores asociados a capitales que procuran una renta extraordinaria a costa de la depredación de nuestros recursos. No incluir estas situaciones es una concesión inexplicable”, sostuvo Stolbizer.

Para la legisladora, “lo importante es incluir de manera expresa en las restricciones las zonas de seguridad de frontera, los excesos de unidad económica y las tierras que contengan fuentes de agua, bosques nativos o se encuentren en áreas protegidas”.

Por parte del oficialismo, Alex Ziegler, Alejandro Rossi, y Luis Cigogna defendieron fervorosamente el proyecto del Gobierno. Inclusive, Cigogna se dió tiempo de intercambiar opiniones con la diputada Marcela Rodríguez (DIP) acerca de la constitucionalidad de la iniciativa.

Empero, Rodríguez señaló muchos errores técnicos del proyecto del Ejecutivo, que según Vilma Ibarra, ya fueron advertidos y están siendo corregidos.

En tanto, el oficialista Juan Mario Pais criticó el límite establecido para la titularidad de tierras en todo el país. Para el diputado chubutense, las mil hectáreas son una norma fija que no representa la verdadera realidad geográfica y productiva porque “no es lo mismo mil hectáreas en la pampa húmeda y el desierto jujeño”.

Por otro lado, tanto Pais como el titular de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC), coincidieron acerca de la incompatibilidad del proyecto oficial con numerosos tratados internacionales.

Para Vega, “por la cláusula de la Nación más favorecida, los extranjeros están protegidos por estos Tratados y, por ende, podrán reclamar sus derechos para invertir a pesar de sancionar esta ley”. En ese sentido, el diputado señaló que mientras se trate esta norma se debe corregir los tratados internacionales y modificar el artículo 41 del Código Civil.