Un proyecto aprobado en la Cámara alta abre una controversia, al introducir reparaciones para quienes tuvieron que exiliarse.
Por Eleodoro Dof
La Cámara de Senadores aprobó, con modificaciones, un proyecto de ley que cambia el artículo 1 de la Ley 14.042, sobre pensiones graciables para ex detenidos, y consecuentemente el artículo 16 del Decreto Ley 9650, del Régimen previsional de la provincia de Buenos Aires.
La normativa tratada por el Senado que ahora deberá revisar la Cámara de Diputados que comanda Horacio González, incorpora en el artículo 1 de la Ley 14.042, como beneficiarios de la pensión graciable para ex detenidos, a “aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, privadas de su libertad o hayan tenido que exiliarse por causas políticas, gremiales o estudiantiles como consecuencia del accionar de las Fuerza Armadas, de Seguridad, Policiales, Parapoliciales, Paramilitares o Civiles incorporados de hecho a alguna de las fuerzas”.Hasta ahora, la Ley 14.042, que impulsó en su momento el diputado del FpV/PJ Alfredo Antonuccio, establece una pensión graciable para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra.
Los diputados entendieron que la normativa que nos ocupa debía ser modificada, ya que la fecha normada, 24/03/76, no coincide con la vigencia del estado de sitio establecido el 6 de noviembre de 1974 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1368/74. Y en ese sentido iba la modificación girada al Senado.
Los senadores no establecieron límite alguno hacia atrás, limitándose a consignar “hasta el 10 de diciembre de 1983”. Pero además agregaron a personas que “hayan tenido que exiliarse” por diversas causas, ya sean políticas, gremiales o estudiantiles como consecuencia del accionar de las fuerzas ligadas al “terrorismo de Estado”. Así las cosas, la iniciativa de la diputada del FpV/PJ Marta Médici deberá ser considerada nuevamente en la Cámara de Diputados, y allí se resolverá el destino del expediente en curso.
“Con este proyecto se intenta cumplir con el reclamo de personas que no estaban contempladas en la ley vigente. Mucha gente fue perseguida, encarcelada o tuvo que exiliarse por causas políticas antes del golpe de 1976 y no están amparadas por la legislación” sostuvo el presidente del Senado de la provincia de Buenos Aires, Federico Scarabino, al término de la sesión desarrollada en la Cámara alta.
De esta forma la provincia de Buenos Aires, a partir de un marcado interés de la Legislatura que en ocasiones se enfrentó con el Poder Ejecutivo, sigue siendo ejemplo en materia de leyes reparatorias para con las víctimas del “Estado terrorista”.
Se cuentan en el mismo sentido que la normativa en tratamiento, la Ley 11.914, becas de estudio para los hijos de desaparecidos del año 1996; hasta la recientemente sancionada 14.042, pensiones para los privados de libertad durante la última dictadura cívico-militar. En el medio, leyes que reconocen derechos a la Resistencia Peronista, exenciones impositivas, subsidios vitalicios para los progenitores de los desaparecidos, más normativas de menor talla pero no menos importantes como la incorporación de los hijos de los desaparecidos en los lugares de trabajo de sus padres, la recuperación y preservación de los sitios de la memoria y la participación del Gobierno provincial como querellante en las causas donde se juzga a los genocidas.
“He visto las modificaciones que le hicieron los senadores y en principio como autora del proyecto estoy de acuerdo. Ahora hay que consensuarlo con el resto del bloque y luego en la Comisión de Labor Parlamentaria, si existe ese consenso, entonces será ley y el gobernador Daniel Scioli tendrá la tarea de reglamentar con precisión quienes son los exiliados que podrán acceder al beneficio y cuáles son los requisitos para solicitarlo”, señaló la diputada Marta Medici.
La Ley 14.042 se puso operativa el pasado 17 de julio de 2010 y al día de hoy llevan presentadas más de 3000 solicitudes, 1800 de las cuales ya fueron aprobadas. La Ley establece una pensión social mensual y vitalicia equivalente al sueldo básico de una categoría 24 de la ley de los empleados públicos bonaerenses.
Esta modificación introducida por el Senado abre dos frentes de debate. Por un lado, sí los exiliados deben ser reparados/as como víctimas del terrorismo de Estado en contraposición de los “exiliados internos” que no tuvieron los medios necesarios para salir del país, pero vivieron el denominado exilio interno. Por el otro lado, abre la necesidad de contar con una ley nacional que dé igualdad a los privados de libertad durante el terrorismo de Estado a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. No todas las provincias cuentan con una legislación como la de Buenos Aires y las diferencias son muy marcadas. ¿Será el Consejo Federal de DDHH el que deba tomar la iniciativa de llevar equidad, o será el Congreso de la Nación el que deba dictar una norma que iguale los derechos de todas las víctimas del terrorismo de Estado?
