El presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara baja, diputado nacional Hipólito Faustinelli, realizará este martes una presentación ante la Justicia en la que “sugerirá” se dispongan “medidas de prueba” en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del programa de construcción de viviendas ‘Sueños Compartidos’, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El diputado Faustinelli, en la presentación que hará ante el juez Norberto Oyarbide, pedirá que se disponga como “medidas de prueba” la realización de un peritaje sobre las obras realizadas por la Fundación “a fin de establecer si el valor abonado por metro cuadrado resulta razonable”.

Propondrá, además, “que se realice una auditoría financiera para determinar cuál ha sido el destino de los anticipos financieros entregados a la Fundación” por parte del Estado nacional y, de acuerdo a lo expuesto por los funcionarios ante la comisión de Vivienda, “han sido entre el 15% y 20% del costo total de cada una de las obras. Este dinero debería hoy estar en poder de la Fundación de todas aquellas obras no finalizadas y de rescindirse el contrato debería ser reintegrado al Estado, por lo que resulta pertinente indagar qué ha sucedido con él”, indicó Faustinelli.

También, manifestó el propósito de “contribuir con la investigación” y, en ese contexto, aportará documentación y testimonios recabados en las dos reuniones de la comisión de Vivienda de la Cámara baja, y la jornada de trabajo celebrada en el Chaco junto a legisladores provinciales y nacionales. “Todas ellas han estado destinadas a discutir la posible comisión de irregularidades en el manejo de fondos públicos, en las obras ejecutadas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y financiadas por el gobierno nacional”, según el escrito que presentará ante el juez Oyarbide.

Faustinelli destacó que, luego de que “las acusaciones contra Schoklender tomaran estado público a través de los medios de comunicación, la comisión de Vivienda procuró obtener la información necesaria para contribuir a su esclarecimiento” y, con ese fin, invitó en diversas oportunidades a distintos funcionarios públicos “para que tengan la posibilidad de brindar explicaciones sobre lo sucedido”.

Entre quienes brindaron explicaciones ante la Comisión estuvieron el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Alberto Bontempo, “quienes expusieron sobre las distintas obras que la Fundación desarrolla a lo largo del país y explicaron sus vínculos con el gobierno nacional. Ambos coincidieron en señalar a las autoridades de las distintas provincias y municipios involucrados, como los principales responsables de la supervisión de las construcciones, confección de los certificados de avance de obra y contratación en forma directa de la Fundación”, precisó Faustinelli.

Indicó que por esta razón, desde la Comisión se convocó a una nueva reunión que se realizó el 29 de junio, a la que fueron invitados los intendentes municipales Rubén Giustozzi (Almirante Brown), Sergio Massa (Tigre), Alejandro Granados (Ezeiza), Marcelo Cascón (San Carlos de Bariloche), Oreste Paoletti (Los Frentones, Chaco), Lorenzo Heffner (Villa Río Bermejito, Chaco), Héctor R. Pallores (Avia Terai, Chaco) y otros de las provincias de Santiago del Estero y Misiones. “Llamativamente ninguno de ellos pudo asistir y sólo la Intendente de Resistencia, Aída Ayala, envió a un funcionario en su representación”, recordó Faustinelli.

Puntualiza que el subsecretario de Relaciones Institucionales de dicho municipio, Víctor Veleff, refirió en su exposición que “las obras ejecutadas por la Fundación con aval del gobierno provincial, ignoraron completamente la regulación municipal y fueron realizadas sin ningún análisis de impacto hidrológico o ambiental”.

Faustinelli detalló en su escrito como “los datos más relevantes” recopilados en las reuniones convocadas por la comisión de Vivienda de la Cámara baja y, entre ellos, señala “la posible existencia de sobreprecios” en el mecanismo de construcción de las viviendas.

“Al exponer ante la comisión, Bontempo admitió ‘que no tenía conocimiento de los costos, pero como se trataba de un programa de inclusión, consideró que éstos se licuaban en otras cuestiones’. Como vemos, las declaraciones del funcionario sugieren que las autoridades del Ministerio de Planificación Federal tenían conocimiento de que se estaban pagando cifras superiores a las necesarias para llevar adelante la obra o, al menos, a las que se hubieran requerido de emplearse un método de construcción tradicional”, concluyó Faustinelli.