Ante la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura porteña en el que se prohíbe la instalación o exhibición permanente de imágenes o motivos religiosos en todos los edificios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considero oportuno reflexionar sobre algunas cuestiones que nos involucran a todos los que habitamos en esta ciudad.

En la Constitución Nacional del 94 se explicita que el Estado no adopta culto alguno como oficial y obligatorio y que por una “costumbre histórica”, concede una subvención a un culto determinado, el católico, al que se compromete a “sostener”. Ese “sostenimiento” indica un cierto reconocimiento a una mayoría practicante de esa fe, vinculada directamente con nuestras raíces como nación, con nuestra memoria y con nuestras tradiciones más profundas y queridas. Pero esa distinción nada tiene que ver con considerar a la religión católica como la única y verdadera. La Constitución de la CABA tampoco es confesional.

Pero, que una inmensa mayoría de los habitantes de Buenos Aires sea católica, no es un dato a desestimar. Estamos hablando, según una encuesta del CONICET del 2008, de más del 75% de los argentinos. Si bien la calidad de las prácticas democráticas exige un tratamiento respetuoso e igualitario para las minorías, son las mayorías las que finalmente forman gobierno. Una pregunta por explorar es sin lugar a dudas: ¿Cómo se sentiría esa enorme mayoría de ciudadanos porteños católicos al ver remover a sus símbolos de lugares que los acogieron por décadas y hasta por siglos?

Las prácticas sociales determinan usos y costumbres. ¿No es esto acaso del ámbito del derecho? ¿Esta enorme mayoría de porteños familiarizados con sus símbolos, exhibidos en distintos lugares y formando parte de la memoria de esos lugares, merece el atropello de que se los quiten, sin preguntarlo siquiera?

Para colmo, no existe un movimiento real y cuantitativamente hablando importante, de ciudadanos que busquen la remoción citada, ¿para qué hacerlo entonces? Es para generar una tensión donde no existe. ¿Es para intentar separar aún más, en este caso no a los que piensan distinto, sino a los que creen en un Dios Cristiano? ¿Tiene sentido este proyecto de Ley?

La Ciudad de Buenos Aires siempre manifestó su composición “aluvional” en lo que se refiere a la incorporación de inmigrantes de todas partes del mundo y de migrantes del interior de nuestro país. Jamás cerró ni clausuró sus dominios para nadie. Tampoco discriminó. ¿Por qué ahora, por lo menos, incomodar a la inmensa mayoría católica? ¿A cambio de qué? ¿Beneficiando a quién? ¿Por una supuesta igualdad jurídica?

Me pregunto si no fuera más razonable explorar otras vías. Por ejemplo: si en vez de escindir una práctica, un derecho otorgado por usos y costumbres por la cultura misma de nuestra ciudad, no sería mejor generar más derecho. Es decir, si algún representante de una religión reconocida oficialmente solicitara compartir el espacio público con un símbolo cristiano, tendría derecho a hacerlo. No estaríamos quitando porque sí, sino abriendo posibilidades: sumemos y no restemos; incluyamos y no sectoricemos. Aprendamos a vivir en democracia. No persigamos por las dudas, no generemos conflictos ni adversarios donde no existen. No inventemos fantasmas, el pueblo argentino y el de nuestra ciudad ha convivido siempre en paz con las diferencias, pero reconoce su historia y la respeta. Nada más, pero también, nada menos.

Es importante resaltar que en estos días, los líderes de las grandes religiones monoteístas del mundo se aproximan cada día más a una visión ecuménica. Por lo tanto, resulta indiscutible que un símbolo religioso remite a una instancia o Ser superior al hombre y, sea cual fuere su pertenencia, no debe ofender a nadie, ya que puede ser utilizado por cualquier observador más allá de su fe, como un soporte material para acercarse a su propia creencia religiosa. La esencia es la misma. Por otra parte, el ateo, no repara en el símbolo religioso, ni se siente discriminado ni agraviado, ya que sencillamente no significa nada para su concepción del mundo.

Por último, me pegunto si alguien relevó la cantidad de símbolos e imágenes en cuestión. ¿Cuántas son y dónde están? Realmente ¿Vale la pena intentar removerlas?, ¿Ni siquiera pueden permanecer, más allá de connotación religiosa, por su valor estético o por ser parte de la cultura de una ciudad mayoritariamente católica?

Las consideraciones expuestas merecen ser iluminadas en un debate público sincero y de corazón, con la participación de numerosos y diversos actores sociales, antes de que una sola visión se establezca como Ley. El tema en cuestión constituye un complejo cruce entre lo privado y lo público, los derechos y libertades individuales y las regulaciones estatales. Pero lo importante siempre es el pueblo, un pueblo mayoritariamente católico, respetuoso de sus símbolos y de sus tradiciones.