La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realizará este miércoles una reunión para recibir opiniones de especialistas sobre los proyectos para limitar en el país la propiedad de tierras de parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Además, la presidenta de la comisión, la duhaldista Graciela Camaño, someterá a decisión del cuerpo la concurrencia a la reunión plenaria que planea hacer el jueves la Comisión de Legislación General para considerar el tema y eventualmente, a instancias del oficialismo, firmar un dictamen para llevarlo posteriormente al recinto.

Camaño, empero, se resiste a que los tiempos los imponga la presidenta de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), políticamente cercana al kirchnerismo, así que pretende que si su Comisión aprueba ir al plenario se le permita un debate “serio y profundo” y no que el oficialismo “vaya con un dictamen ya firmado”, apuntó un colaborador de la diputada.

Cabe aclarar que la presidenta Cristina Fernández reclamó nuevamente al Congreso que trate el proyecto de ley de tierras que se encuentra en distintas comisiones de la Cámara de Diputados porque, según remarcó, se trata de “un recurso estratégico no renovable”.

En ese contexto, el magnate estadounidense Douglas Tompkins, avaló el proyecto oficial que limita la propiedad de tierras a extranjeros, al señalar que puede ser un “paso para frenar la sobreexplotación y daño al suelo”.

Tompkins es propietario de miles de hectáreas en la Patagonia y en la zona de los esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes a través de la Conservation Land Trust (CLT), “una fundación sin fines de lucro”, según aclaró, desde la que se adquieren tierras para luego donarlas al Estado a fin de crear Parques Nacionales.

“El objetivo (de la compra de tierras en el país) es la conservación, y con la idea de donar al Estado argentino para la formación de Parques Nacionales. Ya lo hicimos en Santa Cruz, en 2004, cuando donamos 70.000 hectáreas para formar el nuevo Parque Nacional Monte León, que naturalmente pertenece al Estado”, explicó Tompkins.

Tompkins opinó que la iniciativa “es un paso quizás hacia una política especialmente agrícola que puede frenar la sobreexplotación de tierras y los daños al suelo. Muchas veces grandes empresas agrícolas industriales degradan el suelo, que es el patrimonio más importante del país”.

En lo que hace a la Cámara de Diputados, la Comisión que conduce Camaño recibirá este miércoles las opiniones de la constitucionalista María Angélica Gelly, el presidente del Colegio Público de Escribanos, Carlos D´Alessio y el profesor universitario Carlos Reboratty.

Por su parte, Ibarra indicó que se había comunicado con Camaño y contaba con su presencia en la reunión conjunta que citará para el jueves, pero reveló que no le había respondido los llamados el presidente de la comisión de Agricultura, el radical Juan Casañas, que también tiene que dictaminar sobre el proyecto.

Vilma Ibarra confirmó que si persiste la resistencia de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura a participar del plenario pedirá en el recinto que la Cámara las conmine a realizar la reunión.