Además de la creación del Banco del Sur y la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Cámara baja sancionó otras leyes relacionadas con diversos temas como parte de un paquete. En primer lugar, convirtió en ley la transferencia de un inmueble propiedad del Estado nacional, […]
Además de la creación del Banco del Sur y la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Cámara baja sancionó otras leyes relacionadas con diversos temas como parte de un paquete.
En primer lugar, convirtió en ley la transferencia de un inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en Puerto Nuevo, en la localidad entrerriana de Paraná, para ser la nueva sede de la Escuela Nº 100 “Puerto Nuevo”.
El proyecto pertenecía a los senadores del Frente para la Victoria Blanca Osuna, Mario Colazo, Nanci Parrilli y Teresita Quintela.
También se convirtió en ley una iniciativa de los senadores radicales “Nito” Artaza, Alfredo Martínez, Ramón Mestre y Juan Carlos Marino, para “eximir de impuestos, tasas, gravámenes y cargos bancarios, a las operaciones realizadas sobre las cuentas para el pago de remuneraciones o cuenta sueldo”.
La norma se debe a que “los principios de intangibilidad e integralidad del salario imponen que el trabajador pueda utilizar gratuitamente las cuentas bancarias para percibir su salario sin quitas, comisiones o retenciones de ninguna naturaleza”.
La Cámara baja también dio el visto bueno a la creación de un Juzgado federal de primera instancia en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, a raíz del proyecto de la senadora salteña Sonia Escudero.
Dicha institución contará con cuatro secretarías: dos con competencia penal, una con competencia civil, comercial, laboral, con¬tencioso administrativa, y de la seguridad social, y una con competencia fiscal y penal tributaria.
Por otra parte, se aprobó la modificación del articulo 210 de la ley de contrato de trabajo, sobre “elección del medico, control y caso de discrepancia”.
Según esta iniciativa, “corresponde al trabajador la libre elección de su médico, pero estará obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador”.
Además, “en caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad de aplicación la designación de un médico oficial, quien determinará al respecto”.
También se aprobó un proyecto presentado por el ex diputado neuquino Hugo Acuña para agilizar trámites judiciales, como el caso de los oficios y exhortos dirigidos a otros jueces o funcionarios, estableciendo que “estas comunicaciones sean elaboradas, firmadas y selladas directamente por el Juzgado, Tribunal o Cámara requirente, y sean éstos mismos quienes los diligencien por el método más expeditivo posible, incluyendo el del correo electrónico”.
