Tras la difusión de nuevas denuncias del controvertido ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, desde el radicalismo salieron a reclamar el armado de un organismo que se ocupe de investigar a fondo el tema.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, presentó junto al también legislador y candidato presidencial Ricardo Alfonsín, un proyecto de resolución por el cual propone la creación de una comisión especial en el ámbito de la Cámara baja destinada, entre otros objetivos, “a investigar la posible comisión de irregularidades en la adjudicación, ejecución, supervisión y toda otra actividad vinculada a las obras financiadas con fondos públicos a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y/o la Misión Sueños Compartidos”.
Asimismo, se propone que esa comisión evalúe “el régimen normativo, la regulación administrativa y las políticas públicas relacionados al acceso a la vivienda así como la actividad de los organismos estatales dedicados a la materia” y proponga “al Poder Ejecutivo Nacional, y a los provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las reformas que estime necesarias para combatir y prevenir la corrupción”.
En la iniciativa de Gil Lavedra se propone que la comisión esté integrada por 11 miembros designados de acuerdo a la proporción de la representación política que tiene cada bloque en la Cámara baja y cuya presidencia -se establece en la propuesta- será ejercida por un representante de la oposición.
El proyecto propicia que la comisión tenga un plazo de 180 días para cumplir su labor, prorrogables por un mismo plazo y fija entre sus atribuciones “requerir informes, expedientes y documentos, o tomar vista de ellos, sea que se encuentren tramitando en tribunales u organismos públicos o privados; recibir testimonios o pruebas vinculadas a los hechos” que estén relacionados con el objeto de los objetivos planteados para la comisión.
Asimismo, se propone que la comisión pueda “convocar a funcionarios a su seno; realizar por sí o por las personas u organismos que ella comisione, averiguaciones vinculadas” a su la labor, a la vez que tendrá como otras atribuciones “recibir testimonios y pruebas”; “requerir la colaboración de organismos públicos, organizaciones privadas y de los organismos técnicos” de la propia Cámara baja y “solicitar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus cometidos”.
También se establece que la comisión podrá “requerir previa aprobación de la mayoría de sus integrantes y con la firma de su presidente y secretario, órdenes de presentación, registro y secuestro al juez que por turno corresponda; requerir informes a organismos y empresas extranjeras a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o, si éste no prestara una colaboración eficaz, a través de los medios que la comisión disponga; facilitar los medios para la comparecencia de personas y, en su caso, solicitar a los organismos competentes medidas para su protección; promover acciones judiciales en caso de impedimentos o perturbaciones al funcionamiento de la comisión; denunciar judicialmente los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento y constituirse en cualquier lugar del país o del extranjero”.
Entre los fundamentos del proyecto, Gil Lavedra expresó que “como en otras oportunidades, el gobierno permanece en un silencio hermético, que no supone una defensa férrea del accionar administrativo o de un modelo de gestión, sino que apenas funciona como una indecente garantía de impunidad y cobertura. Esta ausencia de investigación y de respuestas sólo puede sugerir que este tipo de hechos está lejos de la excepción y también que puede haber existido aquiescencia por parte de algunos de sus funcionarios.
“Las recientes acusaciones de Schoklender vienen, en consecuencia -dijo Gil Lavedra-, a reafirmar las sospechas que muchos de nosotros abrigábamos desde el comienzo y echan sombra nuevamente sobre los recursos que el gobierno nacional emplea para financiar sus campañas. La existencia de cuentas ocultas en el exterior, el empleo de dinero público para financiar la campaña proselitista del ahora candidato a vicepresidente de la Nación y del propio Subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y la utilización por parte de funcionarios y candidatos del partido de gobierno de la aeronave adquirida en forma ilícita por Schoklender, constituyen señalamientos gravísimos que no pueden ser ignorados” por la Cámara baja.
Gil Lavedra añadió: “Tampoco hemos tenido noticias de avances relevantes en las investigaciones y la actuación de los distintos magistrados afectados a las investigaciones en curso ha sucedido de espaldas a la sociedad y manteniendo un celo sobre la información que va a contramano del interés social y republicano en conocer como nuestros gobernantes emplean los recursos públicos destinados a la atención de problemáticas especialmente sensibles”.
El titular del bloque de diputados radicales manifestó “la necesidad de constituir una comisión investigadora abocada a indagar sobre la responsabilidad política que el gobierno se empeña en negar, a fiscalizar la administración que el Poder Ejecutivo hizo de los fondos públicos destinados a atender las apremiantes necesidades de miles de personas y a proponer las reformas que considere pertinentes para aumentar el nivel de transparencia en la adjudicación y ejecución de obras públicas”.
