Así lo dictaminó la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, en referencia a casas construidas por el IVC. El proyecto fue impulsado por los diputados del Pro Ritondo y Pagani.
Este viernes la Comisión de Vivienda, dictaminó la operatoria de regularización dominial definitiva de las más de 11 mil viviendas que están pendientes de escrituración, construidas con financiamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC).
El expediente Nº 2884-D-10, de autoría del presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y el diputado Enzo Pagani, tuvo el despacho de mayoría, con las firmas de los diputados Martín Borelli, Raquel Herrero, Patricio Distefano, Maria Elena Nadeo, Maria América Gonzalez, Francisco Tito Nenna y Claudio Palmeiro, además de Cristian Ritondo y Enzo Pagani.
El principal objetivo de la iniciativa legislativa “es establecer las condiciones necesarias para permitir llevar adelante la regularización dominial contemplando la situación actual de todos los ocupantes. De esta manera, se podrá otorgar la titularidad definitiva de las viviendas a quienes las ocupan desde hace tiempo, liberando de ciertas exigencias a fin de simplificar la operatoria en cuestión, procurando un avance sustentable sobre los inconvenientes que presentan los complejos involucrados en lo que respecta a su situación de precariedad dominial y de administración”, fundamentaron Ritondo y Pagani en su proyecto.
Los legisladores del Pro recordaron que “el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Este proyecto pretende hacer efectivo ese derecho, habilitando mecanismos ágiles y efectivos que conduzcan a la concreción definitiva de la posesión y escrituración de las viviendas construidas con financiamiento por parte del IVC”.
Acerca de los requisitos, el proyecto establece que los habitantes que podrán acceder a la escritura deberán presentar la autorización precaria para ocupar otorgada por el IVC; los que no tengan la autorización, pero prueben que ocupan la vivienda hace 2 años como mínimo; deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con DNI. Además deben comprobar que no tienen los ingresos suficientes para construir una vivienda propia sin apoyo crediticio.
“Teniendo en cuenta que la población está asentada en las viviendas de forma definitiva, esta ley posibilitará la regularización de dominio de numerosas familias que ocupan complejos de viviendas de carácter social. Es un compromiso garantizar la seguridad jurídica de sus adjudicatarios y/o ocupantes para llegar a contar con los títulos de propiedad de los inmuebles que habitan”, señaló Ritondo.
En otra parte del escrito, los diputados resaltan que “esta seguridad jurídica también les permite a los ciudadanos garantizar operaciones con respaldo hipotecario, como también estar conforme a derecho con sus obligaciones tributarias, con el fisco de la ciudad”.
