Al inicio de la sesión ordinaria que el Parlamento de la ciudad desarrollará este jueves, el mismo rendirá homenaje y expresará pesar por las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido en Flores.

Según lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura el pleno se reunirá a partir de las 16 horas oportunidad en que iniciará el debate de una importante batería de iniciativas; de ellas se destacan los proyectos que impulsan la ampliación presupuestaria por un monto de $ 1.190 millones solicitado por el Ejecutivo porteño, la regularización dominial de las viviendas sociales y otra que determina la obligatoriedad de incluir el número de teléfono gratuito de Defensa del Consumidor en comercios, facturas y tickets.

Según los fundamentos del despacho de mayoría de la Comisión de Presupuesto en el que se mencionan los gastos a los que se aplicará el incremento de recursos, entre ellos, el desfase del orden de los $207 millones producido respecto a la previsión para el gasto en personal, habida cuenta las negociaciones paritarias celebradas con posterioridad a la votación de la Ley 3.753 (Presupuesto 2011). También se hace referencia a “los mayores costos de servicios e insumos esenciales para el cumplimiento de los programas” y a la “redeterminación de precios” en las áreas de Educación, Salud, Desarrollo Urbano, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Desarrollo Económico, como al incremento de los subsidios para grupos comunitarios y otros subsidios sociales del área de Desarrollo Social.

En cuanto a los recursos, se explica que en materia de Impuesto a los Ingresos Brutos se promueve “modificar el supuesto de precios implícitos del producto, llevándolo del 25% al 26% (…) lo que hace prever un incremento en la recaudación de 519 millones de pesos”. También hubo un incremento en la recaudación por un mayor patentamiento de vehículos 0km, del orden de los $157 millones. Otros $20 millones, de previsión anual de las contribuciones inmobiliarias; $150 millones por la implementación del plan de pagos; $154 por incremento de la recaudación en el rubro Sellos y $190 millones en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, por un reajuste producto del “buen rendimiento de la recaudación nacional”.

En tanto el diputado Martín Hourest (GEN), fue autor de un despacho de minoría que propone la vuelta a comisión del expediente.

Regularización dominial de viviendas sociales

Una iniciativa promovida por el diputado Enzo Pagani (PRO) también será considerado, con un texto consensuado, en la sesión ordinaria de mañana. El proyecto de ley firmado por la mayoría de los integrantes de dicha comisión propone llevar a cabo “la operatoria de regularización dominial de los bienes inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur. S.E., que estén pendientes de escrituración a la fecha de promulgación de la presente ley y cuya ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados”.

En los fundamentos se expresa que “es un compromiso ineludible garantizar la seguridad jurídica de sus adjudicatarios y o ocupantes legítimos para llegar a contar con los títulos de propiedad de los inmuebles que habitan. Esta seguridad jurídica también les permite a los ciudadanos garantizar operaciones con respaldo hipotecario, como también estar conforme a derecho con sus obligaciones tributarias, con el fisco de la ciudad”.

El despacho de minoría firmado por la presidenta de la comisión, diputada Rocío Sánchez Andía (CC), proponía un texto distinto al considerar, entre otros puntos, que el alcance del proyecto de mayoría “se extiende a todas las viviendas construidas por el IVC y por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y a todos los terrenos que se encuentran en el dominio del IVC”. Según la legisladora “Esta situación no considera la diferencia de los contextos en las cuales fueron construidas las viviendas y que justifican la creación de un régimen de excepción”. Mañana se prevé contar con un texto consensuado entre los bloques.

Policía Metropolitana: proponen prorrogar el plazo para que se incorpore personal de otras fuerzas

Un proyecto del diputado Cristian Ritondo (PRO) podría ser tratado entre los despachos con preferencia si logra reunir los dos tercios del pleno. El despacho de mayoría de la comisión de Seguridad que lleva la firma de diputados de PRO, la UCR y CC, propone extender los plazos “hasta tanto se produzca el traspaso de los efectivo de la Policía Federal” a la Metropolitana, para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana, y que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Art. Nº 46 de la Ley Nº 2894 (para lo cual la reglamentación establecerá los límites de tiempo en que dicha exigencia, de realización del secundario, sea cumplimentada).

Desde la minoría propusieron un despacho de autoría del diputado Francisco “Tito” Nenna (EPpV), que impulsa el archivo del expediente, y otro, del diputado Gonzalo Ruanova (NE), que establece “un plazo de tres años para inscriptos en CENS, o de un año para los otros casos, a fin de que dicha exigencia (realización ciclo secundario) sea cumplimentada”.

Defensa de los consumidores

Entre los temas de tratamiento preferencial con despacho de comisión, se tratará también la obligatoriedad de incluir el número de teléfono gratuito de Defensa del Consumidor en comercios, facturas y tickets. La iniciativa del diputado Helio Rebot (PRO) tiene despacho favorable de la comisión parlamentaria de defensa de los consumidores y usuarios.

En los argumentos se señala que “ante el avance del deber de información en la normativa nacional e internacional protectoria del consumidor y usuario, deviene necesaria la incorporación del teléfono gratuito de Defensa del Consumidor de la Ciudad en las facturas o tickets que se emitan en el ámbito de la misma, siempre conforme a la concepción de “consumidor final” normada por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240)”. Se menciona como antecedente la Ley 13987 (de mayo de 2009) de la Provincia de Buenos Aires y se destaca “que año a año se reciben en la Ciudad de Buenos Aires, más de 10.000 denuncias por presunta infracción a la normativa de protección al consumidor y tanto la Ley Nacional 24.240 como la Ley de Procedimiento local (757) determinan como fundamental la educación e información al consumidor”.