“Tuvimos una larga reunión de cinco horas con muchas preguntas. Todo lo que maneja Hebe de Bonafini se administra con recursos públicos y se presentan una serie de irregularidades en esa gestión”, expresó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño.

La legisladora peronista agregó que “recibimos también el testimonio de funcionarios públicos y la Comisión de Vivienda se apersonó en Chaco, la provincia que más planes de construcción de casas recibió por parte de la Fundación”.

“De los testimonios que tenemos, hay mucho por dilucidar. Es muy importante que esas personas que en algún momento de su vida deciden administrar dineros públicos tengan plena conciencia de que esos fondos provienen de los impuestos de los ciudadanos y deben ser controlados”, dijo la legisladora en declaraciones a radio Continental.

Camaño también confirmó que elevarán una petición judicial porque “de los dichos de Schoklender se desprenden otras cuestiones como la financiación de la campaña de Amado Boudou y Abel Fatala”, algo prohibido según una reforma de la ley electoral en 2010.