La diputada nacional del Gen en el Frente Amplio Progresista Virginia Linares repudió el accionar policial y judicial que derivó en la muerte de cuatro adolescentes de 16 y 17 años por un incendio ocurrido el viernes 9 en la llamada “Alcaidía de Menores” de Catamarca, un lugar donde nunca deberían haber estado, remarca la legisladora.

Para Linares, se trata de “un nuevo caso de muertes por asfixia y quemaduras graves de adolescentes que están privados de libertad en lugares absolutamente inadecuados, muchos de ellos incluso inhabilitados para tal fin”, y enumera lo que ya ocurrió en la Comisaría 1ra de Quilmes (2004), la Comisaría 20 de Orán, Salta (en 2006 y 2008), la Comisaría 7ma de Corrientes (2006), y la Comisaría de Lomas del Mirador, en La Matanza (2009), por tomar algunos ejemplos.

“Los chicos permanecían encerrados en una celda de la Alcaidía de Menores que depende de la Policía, un anexo que se usa provisoriamente porque está en construcción la nueva comisaría del Menor y la Mujer”, puntualizó la diputada del Gen. “Sin importar cuáles fueran los motivos de la detención, la policía debe hacer lo necesario para proteger la salud y la integridad de los detenidos, así como la de cualquier otro ciudadano”, sostuvo Linares, que ya ha presentado proyectos vinculados al tema en diversas oportunidades.

“Como indica el comunicado firmado por numerosas organizaciones de derechos humanos, publicado el 12 de septiembre, nuestro país ha sido señalado reiteradamente por organismos como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Comité contra la Tortura, por detener niños y alojarlos en Comisarías. Sin embargo, esta práctica continúa, y se cobra nuevas vidas adolescentes. El Estado es responsable de garantizar la vida y la integridad física de las personas a las que decida privar de libertad, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes”, declaró la diputada que pertenece al partido de Margarita Stolbizer.

Y agregó: “A una semana de la media sanción del proyecto de ley en esta Honorable Cámara que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, elaborado por veinticuatro organizaciones de derechos humanos de todo el país, estos hechos deben ser visibilizados y el Estado debe tomar medidas inmediatas para que de una vez por todas se terminen”.

“Es fundamental que Senado avance con la ratificación de la media sanción del proyecto de ley para darle un marco normativo a la prevención de la tortura y fijar estándares mínimos de derechos humanos que debe tener todo lugar donde el Estado aloje personas”, finalizó la legisladora del Gen.