En los últimos años, los recursos destinados a viviendas sociales se han manejado con ineficiencia y falta de transparencia. Esto quedó demostrado al conocerse la escandalosa corrupción que rodea al caso Schoklender y la Fundación Sueños Compartidos, en el manejo arbitrario de los fondos para la construcción de viviendas sociales.

En ese marco, escuchar a Shocklender, y a todos los implicados en la mega estafa de la fundación Sueños Compartidos, es nuestra obligación como representantes del pueblo.

Las palabras del ex apoderado de las Madres dejan en claro dos cosas: la existencia de una red de complicidades para la utilización de fondos públicos para el clientelismo y financiamiento de las campañas políticas del kirchnerismo y, por otra parte, demuestra que desde el Gobierno Nacional se instruyó para que la Fundación Madres de Plaza de Mayo se constituyera en un Estado paralelo por donde eludir controles y gastar los recursos públicos según la necesidad del oficialismo.

Julio De Vido, Ministro de Planificación de la Nación, José López, Secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, Subsecretario de Obras Públicas, y Luis Bontempo, Subsecretario de Desarrollo Urbano, son parte de los funcionarios nacionales que deben dar explicaciones por haber creado un cerco de protección alrededor de Schoklender para que este utilizara los recursos financieros del Estado como una suerte de caja privada.

De esta manera, Sergio Schoklender se convirtió, con la anuencia del Gobierno, en un funcionario nacional paralelo que, por la impunidad con la cual el Gobierno Nacional abusa del manejo arbitrario de los recursos financieros destinados a las políticas sociales, decidía que obras se hacían en las provincias y en los municipios de acuerdo a la filiación política de sus autoridades.

Si la Justicia no avanza, el Congreso es el que debe abrir una investigación parlamentaria (como ya lo hizo la Comisión Especial Investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el Lavado de Dinero) porque quienes sostenemos los valores de la Democracia sabemos que la única herramienta para garantizarla fuerte y sana es el control ejercido por los que tenemos mandato popular y obligación constitucional de hacerlo.

En Democracia la impunidad no tiene lugar para ningún ciudadano. Todos los responsables del manejo espurio que se hizo con los recursos públicos de la Fundación Sueños Compartidos deberán dar explicaciones ante la Justicia y ante el Congreso de la Nación, porque estos son los ámbitos de contralor del Poder Ejecutivo para que en la Argentina desaparezca la impunidad, el clientelismo y la corrupción.

Silvana Giudici es diputada nacional de la UCR Capital Federal