Hoy asistimos a una puesta en escena por parte del Gobierno sobre la necesidad de la industrialización de la ruralidad. Lo que asomó en los discursos se comienza a trazar en los papeles que impulsa la administración nacional. Quienes vivimos en el interior coincidimos decididamente con esta idea. Los que hemos crecido rodeados de ruralidad mantenemos en nuestras cabezas esa imagen de los clubes de los pueblos llenos de gente, de la panadería, de la tornería, el movimiento que había en los caminos rurales y, al regreso, en la noche, las luces en cada una de las chacras. Para que aquello regrese hay que crear las condiciones necesarias que vendrán de industrializar el interior rural y agregar valor en origen.

La provincia de Buenos Aires, con sus 135 distritos y su inmensa cantidad de pueblos, es una de las provincias llamada a ser protagonista de este florecimiento de la industrialización. Sin embargo, al provenir esta idea del discurso oficial nos debe llamar a la reflexión, porque no se trata de un actor político nuevo sino de una administración que hace ocho años que está en el poder.

En primer lugar se observa que los procesos de industrialización de la producción rural son protagonizados en forma casi exclusiva por grandes actores, es decir, no ha habido una política de estado que propenda al desarrollo rural en equilibrio.

Nuestras bases constitucionales y los tratados internacionales imponen al Estado garantizar la igualdad, no sólo la formal sino la efectiva. Para la garantía de la igualdad efectiva sin duda el estado nacional, al igual que el provincial, debe cumplir un rol activo y protagónico en el momento de implementar políticas.

Es cierto que estos procesos de industrialización requieren de una muy importante movilización de capital destinado a los proyectos de inversión de alto desarrollo y que ese capital, al estar nuestro país aún aislado de los circuitos financieros globales, en general proviene de la inversión directa de fuerzas trasnacionales y algunas nacionales.

Este flujo de fondos, que no viene de la mano financiera sino de la inversión directa, está direccionado a nichos de altísima rentabilidad, y esa altísima rentabilidad suele estar de la mano de la industrialización en aquellos segmentos en que el Estado no arbitra las desigualdades o en las que el gobierno favorece las arbitrariedades.

Si queremos un desarrollo de la ruralidad con equidad, debemos repensar el rol del Estado en este segmento. En Brasil, por ejemplo, las políticas públicas diferenciadas tuvieron resultados contundentes. Este desarrollo de la ruralidad y de la agregación de valor en origen, que tan claramente se advierte en lo econométrico, ha trasvasado, mediante la administración de la cosa pública, de manera que alcance a aquellos lugares y a aquellas poblaciones más distantes y más débiles.

El eje de toda esta transformación ha sido la implementación de políticas públicas diferenciadas como ejercicio de la política de Estado. El funcionamiento de frentes parlamentarios en el Parlamento y la creación del Ministerio de Desarrollo Rural generaron los ámbitos institucionales plurales en el que los partidos políticos y las organizaciones de productores participaron del debate.

En la Argentina el objetivo debería ser el de garantizar el arraigo de la población, devolverles dignidad a la producción y a los productores, y brindar, fundamentalmente, universalidad, institucionalidad, transparencia e igualdad a las oportunidades.

Jorge Solmi es diputado bonaerense del bloque Unión Celeste y Blanco y Director de la Federación Agraria.