Los doctores Alberto García Lema, Roberto Gargarella y Pablo Luis Manili expusieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja acerca de la constitucionalidad del proyecto oficial para limitar la propiedad de tierras rurales a extranjeros.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por la duhaldista Graciela Camaño, continuó por su cuenta con el debate sobre los proyectos de ley de tierras.
Esta vez, el cuerpo recibió como invitados a los abogados constitucionalistas Alberto García Lema, Roberto Gargarella y Pablo Luis Manili, quienes aportaron su visión sobre el proyecto del Ejecutivo en relación a algunos artículos de la Constitución Nacional.
Previo a la exposición de los abogados, Camaño informó que hay 18 proyectos en tratamiento, a los que se sumó uno presentado recientemente por la diputada -ex Coalición Cívica- Marcela Rodríguez.
La opinión de los abogados
En primer lugar, el doctor García Lema consideró que “el tema no es analizar la superficie afectada, sino los capitales que ingresan al país para desarrollar proyectos sobre la tierra”, con lo cual opinó que los límites deberían ponerse en base a un “enfoque más lógico” que tenga en cuenta los capitales.
“Estos proyectos afectan un tema verdaderamente central como la economía nacional”, sostuvo el abogado, quien también resaltó “el poder de legislación exclusivo de las provincias en esta materia”. Por eso, consideró la posibilidad de un “tratado interprovincial” o “ley convenio”.
Sin embargo, consideró que si no se adopta este camino, “hay que verificar en qué normas de la Constitución podrían asentarse las facultades del Congreso para legislar en la materia”.
Por otra parte, señaló la “distinta incidencia que tiene un número de hectáreas de acuerdo a las provincias y a la calidad de la tierra”, e hizo mención al artículo 20 de la Constitución Nacional, el que consideró como “una señal dirigida a los extranjeros para que concurran a habitar el suelo argentino”.
A continuación, el abogado Gargarella calificó de “fracaso” el proyecto enviado por el Ejecutivo “en materia de distinguir entre nacional y extranjero”, además de criticar que “no supera ningún test de igualdad”.
Asimismo, le respondió a García Lema y ratificó que “el Congreso está facultado para regular la propiedad de la tierra”. También se refirió al artículo 25 de la Constitución, al que calificó como “una invitación explícita a los extranjeros a trabajar nuestra tierra. Eso es insalvable”.
Por otra parte, el doctor Manili confrontó con Gargarella y consideró que “son las provincias las que tienen que regular” la tenencia de tierras, “y no el Congreso”, al cual, explicó, sólo le corresponden “las que están bajo el dominio del Estado Nacional”.
Como inconvenientes del proyecto oficial, Manili remarcó el tema de la constitucionalidad, la taxativa internacional y el órgano regulador que crea esta iniciativa.
En cuanto a éste último, el Registro Nacional, consideró que tendrá “enormes problemas de competencia con los registros locales”, y en cuanto al derecho internacional, indicó que “sólo permite regular la tenencia de tierras en zonas de frontera”.
Por último, señaló a los artículos 20 y 25 como “vallas insalvables” del derecho. “Por eso no puedo compartir el proyecto de ley”, admitió, tras recordar también el Pacto San José de Costa Rica, que “prohíbe discriminación por origen nacional”.
Como parte de la Comisión estuvieron presentes los diputados Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Juan Pedro Tunessi, Norah Castaldo y Ricardo Buryaile (UCR), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Marcela Rodríguez (DIP) y Liliana Parada (Proyecto Sur). También estuvieron presentes Jorge Chemes y Lucio Aspiazu (UCR), Lisandro Viale (Partido Socialista) y Carlos Favario (Demócrata Progresista).
